Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presumió avances en la Estrategia Nacional contra la Extorsión: en seis meses evitaron más de 90 mil intentos de este delito y detuvieron a 721 personas. ¿El truco? Inhibidores de señal y operativos para confiscar celulares y tarjetas SIM en reclusorios, cortando las líneas de los extorsionadores desde la cárcel.
La SSPC llamó a la ciudadanía a denunciar al 089, pero no todo es color de rosa. Especialistas en seguridad, como Víctor Sánchez en entrevista con Infobae México, advierten que la extorsión sigue siendo un cáncer en crecimiento, especialmente en sectores como agricultura, ganadería y minería. Estas actividades, comunes en zonas rurales con poca vigilancia, son caramelos para grupos criminales que operan con impunidad, dejando un rastro de violencia y desapariciones.
Sánchez explicó que la extorsión es un negocio redondo para el crimen organizado: no requiere gran inversión y genera ingresos constantes, un patrón visto desde los 2000 en la minería. El transporte de carga también sufre, con cobros a operadores para “permitir” el paso de mercancías, afectando desde grandes empresas hasta cadenas de alimentos básicos. Esto encarece costos y complica operaciones en todo el país.
Mientras las autoridades celebran sus números, los expertos insisten en que el delito persiste en regiones clave, poniendo en jaque a trabajadores y comunidades. ¿Será que los inhibidores y detenciones alcanzan para frenar esta maquinaria de miedo? Porque, por ahora, parece que la extorsión sigue siendo el jefe final que ni con operativos sorpresa se deja atrapar tan fácil.
