El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, decidió vetar el decreto que había sido avalado por el Congreso local y que buscaba suprimir la obligatoriedad de presentar la Carta de No Antecedentes Penales como condición para inscribir candidaturas a puestos de elección popular.
Con esta acción del gobernador, se impide que el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado y, en consecuencia, que adquiera vigencia, lo que obliga al Congreso de Michoacán a volver a analizar el tema.
El gobernador Ramírez Bedolla defendió su postura destacando que, frente a los desafíos actuales en temas de seguridad, es fundamental proteger los procesos electorales y evitar que personas con perfiles no aptos participen como candidatos.
El decreto que fue vetado había recibido la aprobación de 25 diputados durante una sesión extraordinaria celebrada el 13 de marzo, eliminando el inciso j) de la fracción II del Código Electoral estatal. Quienes lo promovieron sostenían que exigir dicho documento constituía una limitación injusta al derecho de los ciudadanos a ser votados, basándose en recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, el gobernador desestimó esa justificación y reafirmó su compromiso de que la carta continúe siendo un requisito tanto en los procedimientos internos de los partidos como en las candidaturas a cargos constitucionales, expresando su esperanza de que los legisladores revisen su posición y preserven esta medida como una garantía para la integridad de los procesos electorales en el estado.
