Este miércoles, el gobierno de México dio a conocer que en los próximos días enviará al Congreso dos propuestas fundamentales relacionadas con el tema del agua: una reforma constitucional para asegurar el derecho humano al agua y una nueva Ley General, acompañada de cambios a la Ley de Aguas Nacionales. El propósito principal es erradicar el mercado negro del agua, reforzar las funciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y establecer castigos más estrictos contra quienes se benefician ilegalmente de este recurso.
Efraín Morales López, director general de la Conagua, indicó que estas iniciativas son resultado de un proceso de diálogo que abarcó 13 foros con participación de sectores sociales, productivos y gubernamentales. Explicó que las reformas buscan prohibir la transferencia de concesiones entre particulares, una práctica que ha facilitado la compraventa desregulada de derechos sobre el agua. Además, se propone incorporar un apartado específico sobre delitos hídricos, con penas más duras para quienes sustraigan agua, perforen pozos sin autorización o reincidan en actividades ilegales como la comercialización de pipas provenientes de extracciones no permitidas, incluyendo la posibilidad de aplicar la extinción de dominio en casos repetitivos.
Óscar Zavala Gamboa, director jurídico de la Conagua, señaló que las multas actuales por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales oscilan entre 260 y 26,000 UMAS, lo que equivale a un máximo de poco más de 2 millones de pesos. No obstante, estas sanciones son tan bajas que muchos violadores las liquidan el mismo día y retoman sus actividades. Por ello, se plantea incrementar la multa mínima a 50,000 UMAS y elaborar un catálogo de delitos específicos en la ley para eliminar vacíos legales.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta problemática comenzó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que las modificaciones legales buscan corregirla. “No se permitirá más la transmisión entre particulares. Si no utilizas tu concesión, debes devolverla al Estado, y será este quien determine si se otorga nuevamente. El agua no es un bien comerciable, es un recurso limitado que debe ser controlado por la nación”, aseguró. Asimismo, mencionó que las reformas facilitarán los trámites para pequeños agricultores con pozos, permitiéndoles regularizar sus concesiones de manera más sencilla y obtener subsidios en electricidad para riego. “Es un estímulo: regularízate, cumple con tus obligaciones y tendrás acceso a apoyos”, afirmó.
