En un giro digno de una película de villanos corporativos, un juez de Dakota del Norte ha confirmado que Greenpeace debe pagar 345 millones de dólares por daños y perjuicios a Energy Transfer, la empresa detrás del oleoducto Dakota Access. Sí, protestar salió más caro que un yate de lujo.
Hace casi una década, Greenpeace se plantó contra la construcción de este oleoducto, y la empresa no se lo tomó a broma. Acusaron a la ONG de orquestar un circo de violencia, difamación y hasta conspiración, como si fueran los guionistas de un thriller de bajo presupuesto. Un jurado ya había condenado a Greenpeace el año pasado a soltar más de 660 millones por allanamiento, molestias y bloquear accesos, una cifra que el juez James Gion recortó casi a la mitad porque, al parecer, contaron los mismos dramas dos veces. Aún así, el golpe duele más que pisar un Lego descalzo.
Greenpeace, por su parte, grita a los cuatro vientos que esto es un abuso, un plan maquiavélico para dejarlos en bancarrota y sin megáfono. “Quieren silenciarnos”, dicen, mientras miran su cuenta bancaria con cara de quien perdió la lotería por un número. Energy Transfer, en cambio, celebra como si hubiera encontrado petróleo en su patio trasero.
Esto nos deja pensando: ¿vale más un oleoducto que el derecho a quejarse? Parece que en Dakota del Norte, el dinero habla más alto que los cánticos de protesta. Greenpeace tendrá que decidir si apelar o vender camisetas de “Salven a las ballenas” a precio de oro.
