En un episodio que parece sacado de una telenovela ambiental, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, soltó el chisme tóxico del día: el derrame de sustancias venenosas en el Río Sonora por Grupo México en 2014 dejó un desastre ecológico y a la gente más enferma que después de un buffet sospechoso. Ahora, el gobierno intenta limpiar el desastre con algo llamado Plan de Justicia en Cananea.
Este plan, que suena más a promesa de candidato que a solución real, arrancó en febrero de este año para reparar los daños al Río Sonora y atender a los trabajadores mineros afectados desde 2007 por las travesuras de Grupo México. Según Rosa Icela, se hizo un diagnóstico para escuchar a las comunidades y meterle turbo a la restauración, el saneamiento del agua y la mejora de servicios de salud en la zona. Vamos, como si quisieran convertir el río en un spa de lujo, pero sin el presupuesto.
Para financiar esta misión imposible, el gobierno sonorense, el federal y la empresa culpable se pusieron de acuerdo en soltar un montón de lana: un total de $2,222,622,432. Aunque los porcentajes de quién pone cuánto están más enredados que un cable de audífonos, la idea es que todos aporten para lavar un poco el desastre. Literalmente.
Al final, uno se pregunta si este Plan de Justicia es un esfuerzo genuino o solo un intento de Grupo México de sacar una selfie con cara de “lo siento” mientras el Río Sonora sigue siendo un coctel químico. ¿Será que el agua vuelve a ser potable o solo nos darán botellitas de cortesía?
