Imagina Guatemala como un tablero de ajedrez donde los jueces mueven piezas como en un videojuego caótico, y el presidente Bernardo Arévalo grita «¡jaque!» desde el banquillo. Este miércoles, el canciller Carlos Martínez denunció ante la Organización de Estados Americanos un «golpe de Estado técnico» contra Arévalo, culpando a la fiscalía de una arremetida judicial que huele a trampa legal. Es como si los abogados hubieran inventado un nuevo deporte extremo: el lawfare, donde las leyes se usan como boomerangs para derribar gobiernos electos, todo envuelto en una aparente legalidad que engaña más que un mago de fiesta adulta.
El drama escaló cuando Arévalo, el domingo, acusó otro intento de golpe tras un juez, a pedido de la fiscalía liderada por la polémica Consuelo Porras, ordenara anular el partido Semilla. Arévalo lo vio como un sabotaje a su victoria electoral de 2023 y pidió una sesión extraordinaria en la OEA. Martínez insistió: «Ninguna institución está por encima de la voluntad popular», condenando el abuso judicial que deslegitima mandatos. Varios países de la OEA respaldaron a Arévalo, mientras Porras, sancionada por EE.UU. y la UE como «corrupta» y «antidemocrática», sigue en el centro del torbellino. La Corte de Constitucionalidad ratificó el miércoles la validez de su triunfo e investidura, pero la fiscalía contraatacó pidiendo retirar la inmunidad a Arévalo para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes, ligado a la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, etiquetada como «terrorista» por EE.UU. y Guatemala.
Es un enredo digno de una comedia de espías de bajo presupuesto, con pandilleros escapando como en una película de acción fallida y fiscales jugando al gato y el ratón con la democracia.
Al final, este circo guatemalteco recuerda que la política puede ser más retorcida que un pretzel en una cita incómoda, donde el lawfare deja a todos preguntándose quién tiene el control remoto. Uno se ríe para no llorar, imaginando a Arévalo defendiendo su trono con un escudo de votos populares contra boomerangs legales.
