El gobierno de Guatemala dio a conocer este miércoles un proyecto de «Ley Antipandillas» que busca endurecer las sanciones y contempla la edificación de una prisión de máxima seguridad, en un contexto de creciente número de homicidios en el país. Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, se dedican a la extorsión de comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros tanto en Guatemala como en Honduras.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, presentó la iniciativa en el Congreso, proponiendo incrementar la pena por extorsión de 8 a 15 años de cárcel, entre otras disposiciones. “Las maras y pandillas constituyen un grupo de crimen organizado, con una estructura jerárquica definida, mandos establecidos y un objetivo claro de expandir su control territorial y diversificar sus actividades ilícitas”, señaló Jiménez ante una comisión parlamentaria. La propuesta, que incluye modificaciones al código procesal penal y a la ley contra la delincuencia organizada, surge en medio de críticas por el aumento de la violencia, un problema que las propias autoridades han reconocido.
Entre las medidas destacadas del proyecto está la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a pandilleros, equipada con tecnología biométrica para el control de reclusos, celdas diseñadas para dos internos y un hospital interno para evitar traslados a centros de salud externos. El presidente Bernardo Arévalo afirmó el lunes que esta ley responde a “una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas” para forjar un país más seguro. Sin embargo, Arévalo ha rechazado adoptar la estrategia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuya política de encarcelamiento masivo de supuestos pandilleros ha sido cuestionada por grupos de derechos humanos debido a la detención de personas inocentes.
En un contexto regional similar, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció en agosto una licitación para construir una prisión de alta seguridad inspirada en la megacárcel de Bukele. Asimismo, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa impulsa la construcción de una cárcel de máxima seguridad como parte de su plan contra el crimen organizado, que ha sumido al país en una ola de violencia. Según el ministro Jiménez, en Guatemala existen alrededor de 12,000 pandilleros y colaboradores, mientras que otros 3,000 se encuentran encarcelados. La tasa de homicidios en el país ha aumentado de 16.1 por cada 100,000 habitantes en 2024 a 17.65 este año, más del doble del promedio mundial, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
