Guatemala celebró este lunes una noticia que suena a liberación de un castigo escolar: Estados Unidos levantó un embargo militar impuesto desde noviembre de 1977 por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1960-1996), que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos según la ONU. Aunque Washington donaba equipo contra el narcotráfico, la prohibición de ventas directas se mantuvo hasta ahora.
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, junto al presidente Bernardo Arévalo, anunció que esta “confianza” y “cooperación estratégica” con EE. UU. permite a Guatemala hacer “negocios de gobierno a gobierno” y fortalecer sus Fuerzas Armadas. Con un presupuesto de 50 millones de dólares para 2026, el país ya inició trámites para comprar aviones, municiones y equipo para operaciones nocturnas. “Vamos a poder comprarle al mejor mercado del mundo”, dijo Sáenz, como si hablara de un Black Friday militar. Sus principales proveedores hasta ahora eran Israel y Colombia.
El levantamiento no vino con un papel firmado, sino tras cumplir requisitos clave: el ejército guatemalteco debe ser apolítico, seguir órdenes de un presidente democrático y enfocarse en amenazas trasnacionales como el narcotráfico, no en conflictos internos ni radicalismos. Sáenz destacó que los militares refuerzan fronteras, lejos de los días oscuros de la guerra civil.
Curiosamente, Guatemala quedó fuera de un acuerdo firmado el sábado por Donald Trump con 17 países americanos para usar “fuerza militar letal” contra cárteles y redes terroristas. ¿Casualidad o estrategia? Por ahora, el país se prepara para renovar su arsenal, como un estudiante que, tras años de castigo, por fin puede ir de compras. ¿Será esto un nuevo capítulo de seguridad o un riesgo disfrazado? Esto está más abierto que una tienda en rebajas.
