El estado de Illinois, bajo liderazgo demócrata, interpuso una demanda este lunes con el objetivo de impedir el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, una medida ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. Esta acción legal se produce tras la decisión de una jueza federal en Oregon, quien bloqueó temporalmente el envío de soldados a Portland por parte del mandatario republicano, en el marco de su campaña contra el crimen y los migrantes indocumentados.
Durante el fin de semana, Trump autorizó el despliegue de 700 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, a pesar de la firme oposición de las autoridades demócratas locales, incluyendo al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. En la demanda presentada, el fiscal general del estado, Kwame Raoul, junto con abogados de Chicago, acusaron al presidente de emplear tropas estadounidenses con el propósito de «castigar a sus adversarios políticos». Argumentaron que los ciudadanos de Estados Unidos, independientemente de su lugar de residencia, no deberían enfrentar la amenaza de una ocupación militar simplemente porque sus líderes locales o estatales no cuentan con el favor del presidente. Además, señalaron que las acciones de Trump, lejos de promover la seguridad en la zona de Chicago, han puesto en riesgo la seguridad pública al incitar protestas.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión de enviar tropas, calificando a Chicago, la tercera ciudad más grande del país, como «una zona de guerra» durante una entrevista en Fox News. En respuesta, el gobernador Pritzker, en declaraciones a CNN, acusó a los republicanos de intentar «crear una zona de guerra» para justificar el envío de más soldados. Según una encuesta de CBS realizada el domingo, el 58% de los estadounidenses se opone al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades del país.
A pesar de la resistencia, Trump no muestra intención de retroceder. El pasado domingo, afirmó sin presentar pruebas que «Portland está ardiendo hasta los cimientos» y que «los insurrectos están por todas partes». Tras el fallo judicial en Portland, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que apelarán la decisión, dejando claro que la administración mantiene su postura frente a las críticas y oposición.
