Durante el II Foro Nacional de Ciberseguridad, realizado los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad Panamericana y organizado por la Alianza México Ciberseguro, representantes de la industria tecnológica, la academia y diversas autoridades coincidieron en la necesidad imperiosa de establecer normativas claras en materia de ciberseguridad para México. Los asistentes señalaron que el acelerado proceso de digitalización en el país, que abarca desde servicios públicos hasta comercio y salud, demanda una ley general, recursos presupuestales y sistemas de colaboración que actualmente no están consolidados.
El evento reunió a actores del sector público, organismos reguladores, cámaras empresariales y compañías de seguridad, con el objetivo de transformar las discusiones en propuestas legislativas que respondan a las necesidades del ecosistema. Entre los participantes se encontraban la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), empresas patrocinadoras y organismos internacionales. Un mensaje recurrente fue la urgencia de desarrollar una política nacional consensuada. Ernesto Ibarra, fundador de la Alianza México Ciberseguro, destacó el rol de esta plataforma como espacio de encuentro entre sectores, abogando por una estrategia nacional construida de manera colaborativa.
Las preocupaciones incluyen la falta de un marco legal uniforme, deficiencias en capacidades técnicas y las exigencias de actores internacionales y acuerdos comerciales por normativas definidas. Luis Miguel Dena, presidente del Comité de Premiación de la Alianza, calificó como inadmisible la ausencia de una ley general tras años de intentos. Por su parte, Luis Lima Gómez, director general de Supervisión de Seguridad de la Información de la CNBV, afirmó que la digitalización ofrece ventajas, pero también aumenta los riesgos, requiriendo un equilibrio entre regulación e innovación para no frenar el mercado.
Aunque existen herramientas como el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos, procesos de respuesta estandarizados y unidades de policía cibernética en varias entidades, la falta de coordinación legislativa y presupuestal limita su efectividad. La industria aboga por una ley diseñada con aportes técnicos y sectoriales para evitar impactos negativos en la innovación y el comercio digital. Armando Zúñiga Salinas, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mencionó que, pese a años de colaboración entre sectores público, privado y academia, la legislación sigue pendiente debido a otras prioridades, aunque expresó esperanza en que la ciberseguridad sea el próximo tema en abordarse.
Entre las propuestas del foro destacaron una ley general de ciberseguridad, normativas específicas para inteligencia artificial y derechos digitales, así como el fortalecimiento de capacidades estatales, inversión en talento y sistemas de intercambio internacional de evidencia forense. Dena resumió que la Alianza impulsará estas leyes como parte de su plan de acción. Aunque México cuenta con avances parciales y disposición para colaborar, la falta de un marco legal y financiero sólido impide concretar una capacidad nacional sostenida. Los asistentes esperan que el Congreso y las autoridades respondan con una política de Estado que integre legislación, presupuesto, formación y cooperación internacional.
