¡Israel sube la apuesta! Este lunes, el parlamento aprobó por 62 votos contra 48 una ley que permite la pena de muerte para condenados por ataques mortales considerados “terrorismo”. Impulsada por el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y respaldada por Netanyahu, la norma desató un huracán de críticas.
La ley apunta a quienes causen muertes intencionalmente para dañar a ciudadanos o al Estado de Israel, con castigos que van desde cadena perpetua hasta la horca, ejecutable en 90 días tras la sentencia, con posible aplazamiento de 180. En Cisjordania ocupada, donde Israel manda desde 1967, los palestinos enfrentarán esta pena como castigo predeterminado en tribunales militares por actos clasificados como terrorismo, mientras los colonos israelíes van a tribunales civiles. ¿Circunstancias especiales? Podrían bajar la sentencia a perpetua.
La Autoridad Palestina explotó en X, acusando a Israel de querer “legitimar ejecuciones extrajudiciales”. Hamás la llamó prueba de la “naturaleza sanguinaria” de la ocupación. Países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron “profunda preocupación” por el impacto en los principios democráticos. ONGs como Adalah y Amnistía Internacional denuncian discriminación, y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya recurrió a la Corte Suprema, alegando inconstitucionalidad.
Ben Gvir, quien lució un pin con una soga en apoyo al proyecto, no parece inmutarse. Aunque Israel tiene una moratoria de facto sobre la pena capital desde la ejecución de Adolf Eichmann en 1962, esta ley abre un debate candente. Si la Corte no interviene, el sistema judicial quedará bajo la lupa. ¿Justicia o venganza? Esto está más tenso que un reality de eliminación.
