¡El culebrón de Javier Duarte suma un capítulo más! A meses de buscar su salida del Reclusorio Norte en 2026, el exgobernador de Veracruz enfrenta un nuevo revés. Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República a imputarle cargos federales por peculado, relacionados con desvíos millonarios de recursos para salud durante su mandato (2010-2016).
Este giro judicial, liderado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, rompe el candado de la “regla de especialidad”. En 2017, Guatemala extraditó a Duarte solo por lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos por los que se declaró culpable. Ahora, con el aval guatemalteco, la FGR lo acusa de malversar fondos federales, un esquema que, según la Auditoría Superior de la Federación, suma 62 mil millones de pesos desviados. Ningún caso de corrupción en México, ni siquiera la “Estafa Maestra” u Odebrecht, alcanza esa cifra astronómica.
La primera audiencia por peculado, programada para el 27 de noviembre, se pospuso por un supuesto padecimiento de Duarte. Mientras, la FGR tiene en la mira unas cien carpetas de investigación sobre su sexenio. Testimonios como el de Tarek Abdalá, extesorero que cooperó con la justicia, señalan un sistema de desvíos institucionalizado, presuntamente orquestado desde la cima.
Si prosperan estas imputaciones, la prisión preventiva podría mantener a Duarte tras las rejas más allá de 2026. Para colmo, la jueza Ángela Zamorano ya le negó libertad anticipada por una acusación pendiente de desaparición forzada. ¿Logrará Duarte esquivar este tsunami legal o se hundirá en el pantano de su propio legado? El reloj sigue corriendo.
