¡Atención, pueblo de México! Este 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo “sí, quiero” al litio con 7 votos a favor de la acción de inconstitucionalidad 78/2022. Ahora, este mineral plateado es más nacional que un taco al pastor, y el gobierno lo administrará como si fuera el tesoro de Moctezuma.
Bautizada como Ley Litio, esta reforma declara al mineral de “utilidad pública”, lo que significa que no hay concesiones ni permisos para extraerlo. Es patrimonio nacional, y su explotación queda reservada al pueblo mexicano, como si fuera el último pedazo de pastel en una fiesta. El proyecto, impulsado originalmente por el presidente López Obrador el 20 de abril de 2022, fue retocado por senadores en mayo de 2023, pero la esencia sigue: el litio es nuestro y punto. Un organismo público descentralizado, elegido por el Ejecutivo, manejará todo, desde la exploración hasta la explotación, respetando tratados ambientales y derechos humanos.
Las zonas con yacimientos, ubicadas en Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora, serán reservas mineras bajo control estatal. El Estado también jugará a ser el gran jefe de las cadenas de valor económico del litio, con la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano buscando áreas prometedoras como si fueran Indiana Jones con un detector de metales. Además, se priorizará la salud pública, el medio ambiente y los derechos de pueblos originarios, indígenas y afromexicanos.
¿Y para qué tanto drama por un metal ligero? El litio es clave para baterías, vidrio, cerámica y hasta reactores nucleares. Así que, mientras México no explota aún ningún yacimiento, ya se frota las manos imaginando un futuro más brillante que un selfie con filtro. ¿Será este el comienzo de una revolución energética o solo un sueño más salado que un salar?
