Este miércoles, el condado de Los Ángeles se halla bajo un estado de emergencia declarado como reacción a las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, una medida que pone de manifiesto la oposición a las políticas rigurosas del presidente republicano en materia de inmigración. Esta declaración, típicamente reservada para catástrofes naturales, permite liberar recursos para asistir a las personas impactadas en esta región de California, que alberga a una considerable población de inmigrantes indocumentados y se destaca por su gran diversidad demográfica en el país.
Los defensores de esta acción sostienen que las operaciones, llevadas a cabo por agentes enmascarados, se centran de manera específica en individuos que hablan español o tienen apariencia hispana, lo que genera un clima de temor en las comunidades. Según ellos, estas redadas han causado que muchas personas eviten salir a trabajar, agravando su situación económica. Una encuesta reciente indica que los ingresos semanales de los inmigrantes han disminuido un 60%. La medida fue aprobada el martes por la Junta de Supervisores con una votación de 4-1. Janice Hahn, una de las supervisoras que apoyó la declaración, señaló que era esencial debido al «miedo, dolor y caos» que estas acciones han sembrado en la comunidad. «Hay familias completas en situación de desamparo porque sus padres fueron detenidos en sus trabajos», afirmó, reiterando su solidaridad con las comunidades inmigrantes y asegurando que se sienten acompañados en esta crisis.
Las operaciones realizadas en agosto por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras entidades del Departamento de Seguridad Nacional provocaron una fuerte reacción de rechazo en Los Ángeles. La ciudadanía respondió con protestas que se prolongaron por semanas, mientras que Trump ordenó el despliegue de soldados en las calles de la segunda ciudad más grande del país, una decisión que muchos consideran injustificada y provocativa. Estas redadas también se han extendido a otras urbes con gobiernos mayoritariamente demócratas, como Chicago y Portland, donde la Casa Blanca ha buscado enviar a la Guardia Nacional.
La resolución adoptada el martes en Los Ángeles establece un marco para proteger a inquilinos que no puedan cumplir con el pago de la renta debido a los efectos de las redadas. Sin embargo, Kathryn Barger, la única supervisora que votó en contra, expresó su preocupación por las posibles consecuencias legales y los costos que podría implicar un enfrentamiento con el gobierno federal. «Necesitamos respuestas concretas, no actos simbólicos», aseguró en un comunicado tras la votación, destacando su compromiso con iniciativas como la asistencia legal y el apoyo a inquilinos, que considera más efectivas para ayudar a familias vulnerables sin sobrepasar los límites legales, protegiendo los recursos del condado y manteniendo la confianza de la población.
el sábado asistiré a la marcha NO KINGS