Este miércoles, el condado de Los Ángeles se encuentra bajo un estado de emergencia declarado en respuesta a las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, una medida que refleja la creciente tensión ante las políticas estrictas del presidente republicano en este ámbito. Este tipo de declaración, generalmente reservada para desastres naturales, permite destinar recursos para apoyar a las personas afectadas en esta región de California, hogar de una numerosa población de inmigrantes indocumentados y una de las más diversas de Estados Unidos.
Quienes respaldan esta medida argumentan que las operaciones realizadas por agentes enmascarados se dirigen específicamente a individuos que hablan español o tienen apariencia hispana, generando temor en las comunidades. Estas redadas, según sus críticos, han impedido que muchas personas salgan a trabajar, afectando gravemente su situación económica. Una encuesta reciente reveló que los ingresos semanales de los inmigrantes en la zona han caído un 60%. La declaración fue aprobada el martes con un voto de 4-1 por la Junta de Supervisores. Janice Hahn, una de las supervisoras que apoyó la iniciativa, afirmó que era imprescindible debido al «miedo, dolor y desorden» que estas acciones han causado. «Hay familias enteras en desamparo porque sus padres fueron detenidos en sus lugares de trabajo», señaló, subrayando su compromiso con las comunidades inmigrantes y su deseo de que sepan que no están solas en esta crisis.
Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras entidades del Departamento de Seguridad Nacional, llevadas a cabo en agosto, desataron una ola de indignación en Los Ángeles. La respuesta ciudadana incluyó protestas prolongadas durante semanas, mientras que Trump ordenó el despliegue de soldados en las calles de la segunda ciudad más grande del país, una acción que muchos consideran desproporcionada y provocadora. Estas redadas también se han extendido a otras ciudades con gobiernos predominantemente demócratas, como Chicago y Portland, donde la Casa Blanca ha intentado enviar a la Guardia Nacional.
La decisión tomada el martes en Los Ángeles establece un precedente para proteger a inquilinos que enfrenten dificultades para pagar el alquiler debido a las redadas. Sin embargo, Kathryn Barger, la única supervisora que votó en contra, expresó su preocupación por posibles repercusiones legales costosas por parte del gobierno federal. «Necesitamos soluciones concretas, no gestos simbólicos», afirmó en un comunicado, destacando su apoyo a programas como la ayuda legal y la asistencia para inquilinos, que considera más efectivos y respetuosos de los límites legales, protegiendo los recursos del condado y la confianza pública.
