La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el lunes que Venezuela ha preparado un decreto para instaurar un estado de excepción, el cual otorgaría facultades especiales al presidente Nicolás Maduro ante una posible «agresión» por parte de Estados Unidos, que ha desplegado tropas en el Caribe. Según Rodríguez, Washington movilizó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en una operación destinada a combatir el narcotráfico en la región, donde afirma haber destruido al menos tres embarcaciones con presuntas cargas de droga provenientes de Venezuela, dejando un saldo de 14 personas fallecidas.
Durante un evento en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país, Rodríguez señaló que «el presidente suscribió el decreto de conmoción externa» y mostró una copia del documento. Este decreto permitiría a Maduro tomar medidas en temas de defensa y seguridad para proteger a Venezuela en caso de que Estados Unidos «se atreva a agredir» al país. Sin embargo, una fuente gubernamental aclaró a la AFP que el presidente aún no ha firmado el documento, y que la vicepresidenta lo presentó para demostrar que todo está listo y que Maduro podría decretarlo en cualquier momento.
El decreto de conmoción, contemplado en una ley sobre estados de excepción, incluye la posibilidad de restringir temporalmente derechos constitucionales, lo que ha generado preocupación. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, expresó que la «suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad» es la mayor inquietud de su organización. Por su parte, Nicolás Maduro ordenó el alistamiento de las reservas militares, ejercicios en la Fuerza Armada y simulacros para enfrentar emergencias.
Rodríguez enfatizó que «hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela» y afirmó que «jamás entregaremos la patria». Además, el país ya denunció ante la ONU las operaciones de Estados Unidos en el Caribe. La vicepresidenta advirtió que una agresión militar contra Venezuela no solo afectaría al pueblo y al gobierno, sino que tendría repercusiones por décadas en toda la región, incluyendo a Estados Unidos. También señaló que serán juzgadas las personas que «promuevan, apoyen, faciliten o hagan apología de una agresión militar». En este contexto, el gobierno ha acusado a la líder opositora María Corina Machado de promover desde la clandestinidad una intervención extranjera.
