Malí, Burkina Faso y Níger, naciones de África occidental dirigidas por militares, han declarado su salida de la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de ser «una herramienta de represión neocolonial».
El anuncio se realizó mediante un comunicado conjunto difundido el lunes, representando un caso de convulsión diplomática en la zona del Sahel en África occidental, después de ocho golpes de Estado ocurridos entre 2020 y 2023. Estos tres países, administrados por fuerzas militares, ya se han desvinculado del bloque regional de África occidental CEDEAO y han establecido una entidad denominada Alianza de Estados del Sahel.
Además, han detenido la colaboración en temas de defensa con las potencias occidentales y han perseguido relaciones más sólidas con Rusia. Malí, Burkina Faso y Níger forman parte de la CPI, ubicada en La Haya, desde hace más de dos décadas. Sin embargo, en su declaración, expresaron que ven al tribunal como incapaz de procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión y genocidio.
El comunicado no detalló ejemplos específicos de los casos en los que los países estiman que la CPI ha fallado. Estas naciones combaten contra grupos milicianos islamistas que dominan amplias áreas territoriales y han ejecutado ataques frecuentes contra instalaciones militares en este año.
Human Rights Watch y otras organizaciones han señalado a los milicianos, así como a los ejércitos y fuerzas relacionadas de Burkina Faso y Malí, por posibles crímenes atroces. En abril, especialistas de Naciones Unidas indicaron que la supuesta ejecución sumaria de varias decenas de civiles por parte de las fuerzas malienses podría clasificarse como crímenes de guerra.
La CPI mantiene una investigación activa en Malí desde 2013, enfocada en presuntos crímenes de guerra cometidos principalmente en las regiones septentrionales de Gao, Tombuctú y Kidal, que habían quedado bajo dominio miliciano. En ese mismo año, Francia llevó a cabo una intervención para repeler a los insurgentes. La indagación sobre Malí se inició a partir de una remisión realizada por el Gobierno de ese momento.
