La audiencia inicial donde María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), iba a escuchar los cargos de la Fiscalía General de la República (FGR) fue pospuesta. ¿La razón? Un enredo judicial más complicado que armar un mueble de IKEA sin instrucciones. El caso, ligado a una presunta pensión vitalicia indebida de Pemex, sigue abierto y dando tumbos en el sistema federal.
La jueza Diana Selene Medina Hernández explicó que no podía proceder porque las técnicas de investigación, autorizadas por otro juez, Gerardo Alarcón López, en el Reclusorio Norte, hacen que él sea el competente para llevar el caso. “Que la FGR regrese su solicitud al juez que ya metió mano en esto”, dictó, dejando claro que no se trata de un capricho, sino de pura competencia judicial. Así, la carpeta vuelve a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que pida una nueva audiencia ante la autoridad correcta.
El lío comenzó en 2024, cuando la FGR acusó a Casar, exjefa de asesores de Vicente Fox, de uso ilícito de atribuciones por cobrar una pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004. Pemex alega que no correspondía porque fue un “suicidio”, según sus reglas internas. La FGR, que judicializó el caso en septiembre, jura que no hay persecución política, solo un expediente más enredado que auriculares en un bolso.
Mientras tanto, Casar espera la próxima cita judicial, si la FGR insiste ante el Reclusorio Norte. Esto pinta para más episodios que una serie de Netflix, pero sin botón de “saltar intro”. ¿Será justicia o un reality de tribunales? Solo el tiempo, y el juez correcto, lo dirán.
