Aunque su nombre no acapara toda la atención de los medios mexicanos después del impactante golpe a una red de huachicol liderada por el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna, el historial y la reputación del juez federal Anuar González Hemadi son ampliamente conocidos en México. El abogado resultó detenido el sábado pasado, junto con otras 13 personas, acusado por sus conexiones con la empresa Mefra Fletes, responsable del transporte del huachicol incautado en marzo anterior hacia Tamaulipas y Baja California.
González Hemadi fue removido por corrupción en 2019, luego de otorgar un amparo que amparaba a uno de los cuatro jóvenes imputados por violar en 2015 en Veracruz a Daphne Fernández, una joven de 17 años, en un incidente denominado como el caso de Los Porkys. En junio de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que el entonces juez incurrió en “errores inexcusables en un caso de pederastia” al emitir en 2017 un amparo favorable a Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes de familias acomodadas del Estado de Veracruz que en 2015 abusaron sexualmente de la menor.
Los cuatro, que habían cursado estudios en un colegio católico de ese estado y que contaban con lazos políticos, fueron identificados en esa época como Los Porkys. En la resolución que provocó su destitución y que liberaba a Diego Cruz, el juez interpretó que no hubo una intención “lasciva” ni que Cruz pretendiera “copular” con la víctima, ya que el supuesto agresor no “expresó palabra alguna” al respecto. Por ende, concluyó que no calificaba lo ocurrido como un acto sexual, sino como un “roce o frotamiento incidental”.
Años más tarde, las autoridades verificaron que existieron presiones políticas y económicas sobre González Hemadi para que dictara de esa forma en un caso sin precedentes en México, cuya cobertura generó indignación social e impulsó su remoción como juez. Según diversas indagatorias, incluyendo la efectuada en mayo pasado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), González Hemadi prosiguió en una trayectoria profesional ilícita.
En noviembre de 2023 fue nombrado como representante legal de Mefra Fletes, S.A. de C.V., una firma establecida en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con MCCI, la compañía ha estado en el foco de las autoridades por lo menos desde 2020. “Por ejemplo, el 25 de marzo de 2020, en una revisión que autoridades estatales y federales realizaron en Reynosa, Tamaulipas, la empresa no pudo comprobar la estancia legal en el país de 28.262 litros de diésel que trasladaba en un tanque tipo pipa”, indican.
Tras el decomiso del 19 de marzo pasado, en el que un buque cisterna llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando, se verificó que Mefra Fletes era propietaria de algunos camiones que movilizaban el combustible. Además, las autoridades aseguraron un predio de su propiedad, donde se detectó huachicol. La empresa también ha sido situada como componente de una red de compañías asociadas al tráfico de hidrocarburos en diversos puntos del territorio.
Por instancia, el hermano y el sobrino de José Ascensión Murguía, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, aparecen como socios de Mefra Fletes. José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago están inscritos como socios de esa compañía y de Impulsora de Productos Sustentables, utilizada junto con Mefra Fletes, supuestamente, por el Cartel del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para traficar millones de litros de hidrocarburos desde Texas y venderlo en México, según coinciden investigaciones de N+ y de MCCI.
José Ascensión, el edil de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, se encuentra actualmente vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por complicidad con el CJNG, en el reclutamiento forzado de personas en el Rancho Izaguirre, otro de los casos más recientes que conmocionaron a la sociedad mexicana. Adicionalmente, se registra que una mujer de 37 años, que figuraba como encargada del órgano de vigilancia de Mefra Fletes, fue secuestrada en 2023 por hombres armados que irrumpieron en su hogar en un fraccionamiento de Tlajomulco, en Jalisco.
Semanas después, sus restos fueron localizados en una fosa clandestina por un colectivo de familias desaparecidas en ese mismo Estado. A pesar de todos los antecedentes delictivos de Mefra Fletes, MCCI afirma que la empresa posee un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para transportar gasolinas y diésel por autotanques y semirremolques. “El permiso tiene una vigencia de 30 años y fue otorgado por la CRE el 21 de mayo de 2019”, aseguran.
