Nicaragua asestó un duro golpe este miércoles a cientos de miles de exiliados al ratificar una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad. Si un nicaragüense adquiere otra ciudadanía, perderá la suya, una medida que el Congreso, dominado por el oficialismo, defendió como un acto de “entrega a la soberanía”. Así lo celebró la Asamblea Nacional en X, dejando claro que ser nicaragüense no es un simple título, sino un compromiso total.
Esta reforma, parte de los cambios de 2025 que dieron poder absoluto a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada en mayo pasado y ratificada ahora en un segundo periodo legislativo. También obliga a extranjeros que busquen la nacionalidad nicaragüense a renunciar a su ciudadanía original, salvo a centroamericanos. Gustavo Porras, presidente del Congreso, aseguró que no es retroactiva, pero la oposición duda de que se respete, temiendo un “castigo de la dictadura” que impulse más exilio forzado, según la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.
En los últimos años, Ortega y Murillo han despojado de nacionalidad a cientos de críticos, tildándolos de “traidores” y forzándolos al destierro. Tras las protestas de 2018, que dejaron 300 muertos y que ellos consideran un golpe orquestado por Washington, han aplastado libertades y oposición. Aunque el sábado liberaron a una veintena de presos políticos bajo presión de EE. UU., tras la caída de Nicolás Maduro, aún quedan decenas encarcelados, algunos por celebrar en redes la captura del venezolano.
Con Ortega, de 80 años, enfrentando rumores de problemas de salud, Murillo, de 74, parece endurecer el control, purgando internos y asegurando su legado. ¿Será esto el fin de un ciclo o solo un capítulo más de represión?
