El gobierno estatal de Puebla, bajo el mando del gobernador Alejandro Armenta, promueve una estrategia de tolerancia cero frente a la corrupción mediante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Bajo el principio de «No somos tapadera de nadie», se han abierto 312 expedientes para investigar posibles irregularidades administrativas, implementando tanto medidas preventivas como el cumplimiento riguroso de la legislación.
Esta campaña tiene como objetivo salvaguardar los recursos públicos, respondiendo a miles de denuncias de la ciudadanía y remitiendo los casos más serios a las autoridades judiciales, sin excepciones ni favoritismos hacia persona alguna.
Esta política surge como respuesta a un legado de descuidos que afectaron el patrimonio de la entidad, como el incidente en el Museo Internacional del Barroco, donde se reportó el empleo de adhesivos ordinarios y etiquetas con códigos de barras pegadas directamente sobre piezas artísticas de valor inestimable.
Armenta ha dejado claro que «quien incurre en un delito debe enfrentar las consecuencias legales, pertenezca a esta gestión o a cualquier otra», subrayando que saldar deudas económicas no libra de las responsabilidades correspondientes.
Las indagaciones prosiguen con el propósito de establecer ejemplos claros y reforzar la confianza de la población en una administración transparente y honrada.
