Este jueves, el Senado argentino anuló dos vetos impuestos por el presidente Javier Milei, ratificando las leyes que incrementan los fondos destinados a universidades y hospitales pediátricos. Este revés representa un duro golpe a la política de austeridad del mandatario en un contexto de inestabilidad financiera. La decisión parlamentaria llega en una semana complicada para Milei, quien intenta contener una corrida cambiaria antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un momento clave para demostrar capacidad de gobernabilidad. Con una amplia mayoría, el Senado rechazó los vetos a la emergencia pediátrica (59 votos contra 7) y al financiamiento universitario (58 contra 7).
Frente al Congreso, donde un grupo de personas esperaba los resultados, Tomás Bossi, estudiante de psicología, expresó su satisfacción: «Estamos orgullosos. Hace más de un año luchamos contra el brutal desfinanciamiento de las universidades», señaló a la AFP. Milei ha logrado reducir la inflación de 211% en 2023, cuando asumió, a 118% en 2024, y en los primeros ocho meses de 2025 los precios solo aumentaron un 20%, gracias a un severo ajuste fiscal que ha impactado especialmente a hospitales y universidades. «No hay plata», argumentó el presidente al vetar los incrementos presupuestarios. Sin embargo, críticos como el senador opositor Martín Lousteau reprocharon que «Milei nunca habla de salud ni educación, solo de riesgo país o monetario», mientras que Daniel Bensusán, senador peronista, afirmó que el debate «no es técnico ni fiscal, sino político y moral».
Las leyes ratificadas actualizan el presupuesto universitario conforme a la inflación desde 2023, mejoran salarios de docentes y personal auxiliar, y declaran una emergencia pediátrica que asegura fondos para el hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de alta complejidad en Argentina y referente regional. «Tengo esperanza de que algo cambie», afirmó Alejandra Maldonado, enfermera neonatal del Garrahan, frente al Congreso. El gobierno, en minoría en ambas cámaras y con dificultades para generar consensos, aspira a ganar escaños en las próximas elecciones para avanzar en reformas impositivas, laborales y previsionales, aunque sin perspectivas de alcanzar mayoría propia.
El politólogo Gustavo Marangoni opinó que Milei debe «reiniciar» su forma de relacionarse, ya que no solo se ha alejado de sus opositores, con quienes no ha buscado acuerdos, sino también de sus aliados. «Si intentas cambiar una política económica sin respaldo político, enfrentas problemas», advirtió a la AFP. La campaña de Milei atraviesa turbulencias: su hermana Karina fue vinculada a un caso de corrupción, su principal candidato a diputado está bajo sospecha por nexos con el narcotráfico, el propio presidente enfrenta una investigación por una supuesta criptoestafa y su partido perdió recientemente una elección provincial clave. «La situación económica, junto a los casos de corrupción y denuncias, lo ponen a la defensiva», señaló Marangoni.
Estos reveses políticos coinciden con una rápida depreciación del peso, atenuada temporalmente la semana pasada por el anuncio de un salvataje del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien Milei se reunirá el 14 de octubre. «Es como pasar por este infierno que es el año electoral», admitió Milei el miércoles, asegurando estar listo para enfrentar estas circunstancias. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este jueves que en los próximos días se reunirá con su par argentino, Luis Caputo, para definir un swap de unos 20,000 millones de dólares, posiblemente antes de las elecciones. «Es Messi, Bessent es Messi», bromeó Milei.
En su búsqueda de dólares, el gobierno eliminó a finales de septiembre los impuestos a exportaciones de carne y granos, aunque restableció los últimos tres días después, con una pérdida fiscal de 1,500 millones de dólares. «Ese monto cubriría 12 años del presupuesto del Garrahan», criticó Lousteau al justificar su voto en contra. Este es el tercer revés legislativo para Milei en dos meses, tras intentar bloquear una ley para personas con discapacidad, que promulgó pero no reglamentó hasta definir su financiamiento, una táctica que podría replicar con las leyes de universidades y pediatría. Estudiantes, profesores, médicos y personal sanitario han protagonizado protestas, clases públicas, marchas y huelgas durante meses exigiendo más presupuesto, mientras decenas de médicos han renunciado por salarios bajos, según fuentes sindicales.
