El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) lanzó este jueves una alerta roja sobre México, anunciando que pedirá «urgentemente» a la Asamblea General considerar medidas de apoyo frente a la crisis de desapariciones forzadas. Con 130,178 personas desaparecidas desde 2006, según el último informe del gobierno, el problema estalló junto a una controvertida ofensiva militar contra el crimen organizado. ¡Esto no es un juego de escondidas!
El CED, basándose en datos que sugieren desapariciones como crímenes de lesa humanidad, tomó la «medida excepcional» de solicitar cooperación técnica, financiera y especializada para México. Buscan ayudar en la búsqueda, investigación y en desentrañar los nexos entre funcionarios y criminales, sin establecer responsabilidades penales individuales. Este paso preventivo pretende movilizar atención y apoyo global, aclararon, como quien enciende una sirena para pedir refuerzos.
La resolución se apoya en información de la sociedad civil, la respuesta del Estado en 2025, exámenes desde 2012, una visita en 2021 y denuncias de víctimas. Aunque el CED no halló pruebas de una política federal para cometer desapariciones, sí recibió datos que apuntan a la participación directa de funcionarios públicos o su complicidad en algunos casos. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que no se necesita un plan nacional orquestado desde las altas esferas para calificar estos actos como crímenes de lesa humanidad; basta con la magnitud, el patrón y el ataque a civiles.
Esto pone a México bajo el reflector internacional, más que un reality de Netflix. ¿Responderá la Asamblea General con apoyo concreto o quedará en buenas intenciones? Mientras, las familias siguen buscando respuestas en un país donde desaparecer parece más fácil que encontrar Wi-Fi en el desierto.
