Perú lanzó una propuesta este miércoles en una sesión extraordinaria de la OEA para reinterpretar el derecho de asilo diplomático, usando como bandera el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, refugiada en la embajada mexicana en Lima. Este drama ya rompió relaciones entre ambos países, y ahora Perú quiere cambiar las reglas del juego.
El canciller peruano, Hugo de Zela, argumentó que al evaluar pedidos de asilo, la naturaleza de los delitos debería analizarse de forma “oportuna y objetiva” con datos del Estado territorial y otras fuentes confiables, no solo bajo criterios subjetivos. Chávez es reclamada por la justicia peruana por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Según De Zela, la cooperación judicial para extradiciones se vuelve un chiste cuando el asilo se otorga unilateralmente, sobre todo si hay “consideraciones ideológicas” de por medio. Perú, a sugerencia de otros países, pidió la opinión del Comité Jurídico Interamericano.
México, sin embargo, puso el freno de mano. La embajadora Luz Elena Baños Rivas dejó claro que la OEA no es el lugar para reformar la Convención de Caracas de 1954, un tratado pionero que regula el asilo político en la región. “No se puede reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin el consentimiento de todos los Estados parte”, afirmó, señalando que no todos los presentes en la OEA lo firmaron, como EE. UU. o Colombia, y que Venezuela, un Estado parte, ni siquiera está en la mesa.
Casos como el de Jorge Glas en Ecuador o los opositores venezolanos en la embajada argentina en Caracas han encendido roces similares. Mientras Perú busca un nuevo guion para el asilo, México defiende el libreto original. ¿Será este un debate jurídico o solo otro capítulo de telenovela diplomática?