¡Justicia en dos frentes! El Grupo Parlamentario del PRD, liderado por Omar Ortega Álvarez, presentó el 17 de noviembre de 2025 una iniciativa en el Congreso del Estado de México para sancionar el “stealthing”, la retirada del preservativo sin consentimiento durante una relación sexual. Considerada una forma agravada de violencia sexual, esta práctica podría castigarse con hasta tres años de prisión. También se incluye la manipulación de métodos anticonceptivos, como perforar preservativos, con penas de uno a dos años y multas de 100 a 300 días. Si hay consecuencias como embarazo, infecciones o daño psicológico, la sanción aumentaría hasta la mitad.
El PRD argumenta que el “stealthing” vulnera la autonomía y dignidad, y que el sistema judicial actual no aborda adecuadamente estos casos. La reforma busca reconocer todas las formas de violencia sexual, defendiendo que el consentimiento debe ser dinámico e informado. No se trata de estigmatizar relaciones consensuadas, sino de garantizar respeto a acuerdos previos.
Por otro lado, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, propuso compensaciones económicas para usuarios de agua potable afectados por interrupciones no atribuibles a ellos, tras el desabasto agravado por el cierre de pozos en la Operación Caudal. Muchas familias gastan hasta 3 mil pesos en pipas, una carga insostenible. Su iniciativa reforma la Ley del Agua y el Código Financiero estatal para asegurar el derecho humano al agua, ofreciendo descuentos en cuotas a quienes estén al corriente en pagos y sufran cortes por fallos en infraestructura o emergencias.
Ambas propuestas buscan proteger derechos fundamentales. ¿Avanzarán estas reformas o quedarán en papel? Esto está más movido que un debate en el Congreso.
