La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró la exposición de las reformas secundarias, subrayando la relevancia de implementar la reforma constitucional del Poder Judicial para asegurar una justicia más ágil. En este contexto, señaló que la propuesta que reforma la Ley de Amparo tiene como objetivo poner fin a los excesos en la utilización de esta herramienta legal.
“Es claro que el amparo es fundamental en nuestra nación; tanto los ciudadanos como las ciudadanas deben contar con mecanismos jurídicos que les permitan protegerse ante actos de autoridad. Eso no se cuestiona; el inconveniente radica en el mal uso de esta figura”, afirmó.
La primera mandataria destacó que uno de los méritos de la reforma al Poder Judicial es que aborda situaciones como el hecho de que no deberían transcurrir 20 años sin que una persona pague impuestos debido a la tramitación de múltiples amparos, o que un tribunal conceda un amparo a compañías que evidentemente incumplen acuerdos establecidos con el gobierno.
“La empresa recurre al amparo y el gobierno se ve obligado a mantener los contratos con ella; no se puede inhabilitar a la empresa y esto se prolonga por años. Lo que se propone es que esto se resuelva en meses y que se llegue a una solución de fondo”, explicó.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que la Cámara de Senadores ya cuenta con la iniciativa de armonización de las leyes secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial, la cual define plazos específicos para dictar resoluciones en temas tributarios y penales.
En el ámbito tributario, los juzgados tendrán un límite de seis meses para emitir fallos; en el penal, el plazo será de cuatro meses para delitos con penas menores a dos años de prisión, y de un año como máximo si la sanción es mayor.
Este conjunto de reformas constituye el segundo paquete relacionado con la modificación constitucional que persigue hacer realidad el principio de justicia pronta y expedita. Así, los procesos de amparo se tornarán más rápidos y simples, con normativas bien definidas. Además, se introduce el juicio de amparo digital, que tendrá total validez legal y funcionalidad práctica, sin reemplazar el procedimiento tradicional.
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rechazó que esta reforma pretenda restringir el acceso a la defensa. Por el contrario, precisó que busca clarificar la figura del amparo y actualizar el proceso para facilitar su aplicación, asegurando que este derecho no se ve limitado, restringido ni complicado.
Asimismo, señaló que la trayectoria del amparo se ha distinguido por buscar un balance entre la protección adecuada de los derechos individuales, la salvaguarda del interés público y la preservación del bienestar social. Indicó que las reformas anteriores también responden al uso indebido de esta figura jurídica para transgredir la ley.
