¡Qué vergüenzota en Jalisco! La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso un despropósito total en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, donde en marzo de 2025 colectivos de búsqueda encontraron restos óseos y hornos ligados a desapariciones forzadas. Pero la Fiscalía del Estado (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) manejaron la investigación como si fuera una comedia de enredos.
El 18 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional entregó el predio con 10 detenidos y una orden clara: asegurar todo. ¿Qué hicieron? Nada de nada. Siete vehículos, armas y restos óseos quedaron como chatarra abandonada. Sin sellos, etiquetas ni protocolo alguno. Para el 25 de noviembre, tres autos se volatilizaron bajo el supuesto “resguardo” de la Fiscalía. ¿Desaparecieron por arte de magia? El 3 de octubre, el IJCF halló más restos y objetos, pero los dejó como si fueran trastos inservibles.
El 20 de marzo de 2025, durante una intervención pericial, permitieron que una horda de curiosos invadiera el rancho, alterando la escena. ¡Como montar un tianguis en un camposanto! Las muestras genéticas tomadas en septiembre de 2024 esperaron hasta marzo de 2025 para análisis, un retraso que sabe a pura impunidad para las familias buscadoras. Y, para colmo, el IJCF publicó 1,842 indicios en su web sin cadena de custodia. ¿Subasta digital o descuido monumental?
La CNDH exige disculpas públicas y nuevos protocolos en seis meses. Mientras, las familias ven la justicia esfumarse más rápido que esos autos robados. Esto no es investigación, es un sketch de terror sin gracia alguna. ¿Justicia en Jalisco? Más bien parece un mal chiste de sobremesa.
