La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum integra infracciones relacionadas con el agua, suprime los bancos de agua y fortalece el control sobre la utilización de este elemento.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, persigue el fin del comercio ilegal de concesiones y el hurto de agua, conductas que impactan la accesibilidad del recurso y lesionan el derecho humano al agua.
Esto fue expresado por Óscar Zavala Gamboa, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Conagua, quien detalló que la propuesta remitida al Congreso pretende sellar las brechas normativas que por decenios han facilitado el comercio y empleo irregular del agua.
### Cierre al comercio de concesiones
El servidor público mencionó que la Ley de Aguas Nacionales en vigor, que data de 1992, propició un esquema comercial del agua, en el cual individuos efectuaban operaciones de concesiones fuera del marco legal.
> “Antes de 1992 existían apenas dos mil 500 títulos de concesión; hoy suman más de 536 mil, y hemos detectado cerca de 59 mil con irregularidades”, precisó Zavala.
La propuesta sugiere abolir los bancos de agua —instrumentos que posibilitaban transacciones privadas de concesiones— y establecer el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, responsable de rescatar y redistribuir los caudales de agua según parámetros de disponibilidad y requerimiento.
> “Con esta reforma, la asignación del agua dejará de estar en manos de los particulares y regresará a ser una responsabilidad del Estado”, enfatizó el funcionario.
### Infracciones hídricas y castigos más rigurosos
Un aspecto fundamental de la iniciativa es la incorporación de un apartado sobre delitos hídricos, dado que el Código Penal Federal no incluye en la actualidad categorías específicas para penalizar el hurto, desvío o empleo ilícito del agua.
Dentro de las nuevas figuras delictivas figuran:
– Explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales.
– Falsificación o uso indebido de títulos de concesión.
– Corrupción en el otorgamiento de permisos.
– Desvío o alteración de cauces naturales.
Las condenas oscilarán entre uno a diez años de prisión y multas de 300 a 4 mil días, además de tratarse de delitos perseguibles de oficio.
> “No es lo mismo el huachicoleo del agua, que consiste en extraerla de forma ilegal, a que alguien use un título de concesión con otro fin. Ambos casos se sancionarán, pero con claridad jurídica”, explicó Zavala.
La reforma plantea igualmente incrementar las penalizaciones administrativas: de las vigentes 260 a 26 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un espectro que podría alcanzar hasta 50 mil UMAs.
### Rumbo a un esquema novedoso de administración
Al eliminarse los bancos de agua, el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales tomará la función de reasignar los caudales recuperados. En este enfoque, las transferencias entre privados se reemplazarán por procesos regulados por Conagua.
> “Se elimina la lógica de mercado y se prioriza la gestión sustentable. El agua no es una mercancía, es un bien nacional”, sostuvo el subdirector jurídico.
La iniciativa prevé asimismo la instauración de un Registro Nacional del Agua, que unificará los sistemas actuales y potenciará la transparencia en el manejo del recurso.
Mediante estos cambios, el gobierno federal aspira a modernizar un esquema normativo con más de tres décadas de antigüedad y asegurar que la distribución y empleo del agua en México se efectúen con principios de equidad, legalidad y sustentabilidad.
