La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma a la Ley de Amparo frente a las críticas que señalan una aprobación precipitada, subrayando que el propósito central de esta iniciativa es disminuir los plazos de los juicios, los cuales pueden extenderse hasta 15 o 20 años. Aclaró que la propuesta pretende hacer más eficiente el sistema judicial sin comprometer la esencia del amparo, un mecanismo que resguarda a los ciudadanos ante actos de autoridad.
En relación con la controversia generada por el artículo transitorio, que algunos interpretan como un permiso para aplicar la ley de manera retroactiva, Sheinbaum señaló que el Senado opera con independencia y que los legisladores determinaron que dicho artículo se alinea con los lineamientos establecidos por la Suprema Corte. De acuerdo con estos parámetros, en los procesos judiciales en marcha se respeta la legislación vigente en cada fase, mientras que en las etapas posteriores se implementará la normativa actualizada.
Sheinbaum admitió que la redacción inicial del artículo podía generar confusiones respecto a su posible aplicación retroactiva, pero enfatizó que el objetivo es adherirse a los criterios de la Corte en materia de procedimientos legales.
Por otro lado, la reforma también tiene como finalidad prevenir el mal uso de las suspensiones de medidas. Un ejemplo de esto ocurre cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquea cuentas por sospechas de lavado de dinero y se otorgan suspensiones que permiten el retiro de fondos. Con la nueva legislación, las cuentas permanecerán inmovilizadas hasta que el juicio llegue a su fin.
