En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación (CFF), remitiéndolo al Senado de la República para su revisión y votación. Esta reforma otorga mayores atribuciones al fisco con el propósito de intensificar la lucha contra las denominadas “factureras”, compañías que generan comprobantes fiscales por operaciones que nunca ocurrieron, buscando aparentar gastos para disminuir el pago de impuestos. Con 335 votos a favor y 122 en contra, la aprobación en lo particular se concretó pasada la medianoche, tras haber avalado ese mismo miércoles los primeros dos dictámenes del Paquete Económico 2026, incluyendo la Ley Federal de Derechos.
Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció un receso hasta la tarde del jueves para retomar el debate sobre las reformas a la Ley del IEPS y la Ley de Ingresos de la Federación 2026. El objetivo de la reforma al CFF es alinear este código con el artículo 19 de la Constitución, permitiendo la aplicación de prisión preventiva oficiosa a quienes estén procesados por actividades vinculadas a comprobantes fiscales falsos. Se establece que un comprobante es falso si no respalda operaciones reales o actos jurídicos auténticos, y se autoriza al fisco a iniciar querellas contra quienes emitan dichos documentos.
Además, la autoridad fiscal podrá rechazar la inscripción en el RFC de personas morales si detecta que sus socios o representantes están o han estado ligados a empresas relacionadas con facturación falsa. También se permitirá realizar visitas domiciliarias rápidas, en un plazo de 24 días, para corroborar la autenticidad de los comprobantes fiscales. Si se confirma la emisión de documentos falsos, el fisco podrá suspender de forma definitiva los certificados de sello digital del contribuyente y proceder penalmente contra él.
Otro cambio relevante obliga a plataformas digitales, como DiDi o Amazon, a proporcionar al fisco acceso continuo y en tiempo real a datos que verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con riesgo de bloqueo si se identifican anomalías. Durante el debate, el diputado Hernando Castañeda (PAN) criticó esta medida, diciendo: “Quieren vigilarnos hasta en las plataformas digitales, todo lo quieren ver. Si vendes algo en Mercado Libre, quieren saber, si haces un envío por Shopify o utilizas Uber, quieren saber (…) Ni mi mamá cuando yo era chiquito quería saber tanto. El SAT se comportaría como un novio psicópata, un acosador”.
Asimismo, se plantean nuevas restricciones temporales de certificados de sello digital para empresas del sector energético que comercialicen hidrocarburos ilegalmente, como emitir comprobantes sin el número de permiso de la Comisión Nacional de Energía. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), defendió el dictamen, subrayando que busca erradicar prácticas ilegales, castigar a las factureras y el mal uso de sellos digitales, asegurando que una mejor recaudación beneficiará a la población.
Por otro lado, legisladores de oposición expresaron su rechazo, argumentando que las reformas otorgan al fisco poderes desmedidos y discrecionales, transformándolo en un “Gran Hermano” fiscal que sanciona sin permitir defensa previa. La diputada Elizabeth Núñez (MC) señaló que la reforma “lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes” y crea “un estado fiscal autoritario que castiga primero y averigua después”. De manera similar, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) afirmó que su partido no apoyará esta iniciativa, calificándola de “espía, de terrorismo y confiscatoria”, y advirtiendo que afecta la certidumbre jurídica y desmotiva la inversión en el país.
