Las acusaciones contra Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit entre 2011 y 2017, siguen acumulándose. Junto al fiscal estatal Edgar Veytia Cambero, apodado El Diablo, se les señala de haber atemorizado a la población local por su presunta complicidad con el crimen organizado. Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Sandoval por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a 156 millones de pesos, equivalentes a más de ocho millones y medio de dólares.
Horas después de conocerse esta nueva imputación, Sandoval respondió a través de sus redes sociales, donde mantiene actividad constante, calificando la audiencia como un montaje para vincularlo con numerosas propiedades y supuestos prestanombres. El exgobernador afirmó que la “cantidad impresionante de millones” que se le atribuye está lejos de la realidad. “Lo que no se menciona es que en dicha audiencia un juez federal determinó que, de todo el montaje armado en mi contra por las propiedades señaladas, solo estaré vinculado a proceso para aclarar mi relación con dos inmuebles”, escribió en su defensa.
El 11 de septiembre, la Fiscalía de Nayarit reportó otro fallo en su contra, declarándolo culpable por la apropiación ilegal de un terreno de 58 hectáreas de uso ganadero y agrícola en San Blas, en la costa norte del estado, tras supuestamente falsificar la firma del propietario para registrarlo a su nombre en 2012. Sandoval describió esta sentencia como “la más lamentable y desgarradora” de su vida, acusando al ministerio público de inconsistencias y de violar sus derechos humanos.
Roberto Sandoval Castañeda forma parte de un grupo de gobernadores priistas fotografiados en 2012 junto al presidente Enrique Peña Nieto, de los cuales al menos diez han enfrentado procesos judiciales por corrupción. Su llegada al Gobierno de Nayarit en 2011 marcó, según activistas locales, un punto de inflexión en el estado del Pacífico mexicano debido al aumento de delitos de alto impacto. Santiago Pérez, presidente del colectivo Familias Unidas de Nayarit, señaló a este medio en 2019: “A partir de ahí comenzaron los despojos, los rumores de secuestros y una serie de personas reportadas como desaparecidas”.
En 2019, el fiscal Veytia, alias El Diablo, fue sentenciado a 20 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York por narcotráfico, aunque salió en libertad en febrero pasado tras cumplir solo ocho años. No obstante, enfrenta en México múltiples acusaciones por tortura, secuestro y otros crímenes. Ese mismo año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Sandoval de “graves violaciones a los derechos humanos”, enriquecimiento ilícito y aceptación de sobornos del narcotráfico, incluyendo al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cambio de información y protección. En un comunicado, también se impusieron sanciones contra él y se señaló a su hija Lidy Alejandra, su hijo Pablo Roberto y su esposa Ana Lilia López Torres por beneficiarse de los esquemas de corrupción.
En junio de 2021, Sandoval fue detenido en Linares, Nuevo León, junto a su hija Lidy Alejandra, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras estar prófugo por al menos tres meses. Desde entonces, permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit, mientras las acusaciones en su contra continúan sumándose.
