El gobernador Rubén Rocha Moya, con un firme compromiso hacia la transparencia y la protección del patrimonio de los trabajadores, dio a conocer medidas legales en contra de las gestiones previas del ex gobernador del PAN Mario López Valdez y del ex gobernador del PRI Quirino Ordaz Coppel, culpables de un desvío total de 2 mil 600 millones de pesos en el fondo de pensiones del estado.
Esta acción legal se basa en el mal uso de fondos que se descontaron de los sueldos de los empleados y que no se depositaron en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) ni en el ISSSTESIN, durante los periodos de 2012 a 2016 y una porción de 2021, con el objetivo de establecer responsabilidades tanto administrativas como penales para prevenir que la impunidad continúe perjudicando a numerosas familias.
«Fueron evasivos, irresponsables, hubo falta de compromiso con los trabajadores; eso es quitarles a los trabajadores», subrayó Rocha, al tiempo que resaltó que su administración ha cumplido de manera oportuna con las contribuciones desde el inicio y ha asumido desembolsos adicionales para proteger las jubilaciones, lo que refleja una dirección humanista y responsable que coloca el bienestar por encima del clientelismo político.
Con el apoyo del subsecretario de Transparencia, Abelardo Castro, Rocha Moya enfatizó que este proceso representa no solo un deber jurídico, sino también un gesto de justicia que incorporará a autoridades estatales y federales para aclarar el manejo inadecuado.
«Nosotros llevamos cuatro años reteniendo y pagando; el proyecto de jubilación está calculado para que no haya quiebra del fondo», declaró el gobernador, quien repitió que ningún empleado o pensionado resultará perjudicado, asegurando pagos completos y decorosos.
«No quiero que haya un solo trabajador que se jubile y se quede sin su dinero», finalizó Rocha, confirmando su guía ética frente a un historial de deudas recibidas en herencia.
