¡La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saca las garras por la justicia! Este 20 de enero, el Pleno revocó una orden de un tribunal colegiado que mandaba repetir un juicio familiar y realizar nuevas pruebas sobre la credibilidad de una niña víctima de violencia sexual. Según la Corte, esto ponía en riesgo la revictimización de las menores y violaba el interés superior de la niñez. Además, cargar a la madre con cursos o terapias sin pruebas de su responsabilidad fue calificado como una medida absurda que refuerza estereotipos de género y atenta contra su libre desarrollo.
No conforme con eso, la SCJN también dejó claro, en su sesión del 19 de enero, que sus sentencias de amparo directo son definitivas e inapelables. Nada de revisiones internas ni segundas oportunidades; lo que dice la Corte, se queda grabado en piedra. Este principio de cosa juzgada busca evitar que las decisiones se conviertan en un eterno juego de ping-pong judicial.
En otros temas, el mismo 19 de enero, el Pleno validó en Colima el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para fijar cuotas de servicios de la Fiscalía, como certificados vehiculares o peritajes, desechando cualquier vínculo con el salario mínimo. Y en el ámbito profesional, el 15 de enero, aclararon que la cédula profesional electrónica basta para ejercer legalmente en México, sin necesidad de foto o firma, porque no es una ID oficial, sino un simple aval de competencias.
Además, la Corte resolvió una disputa sobre sanciones relacionadas con omisiones en reportes al Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) en 2023. En resumen, la SCJN está poniendo orden como un árbitro en partido reñido: protege a los vulnerables, fija reglas claras y corta de tajo las vueltas innecesarias. ¿Será que la justicia por fin encontró su ritmo o seguimos en un tango de trámites?
