Con una votación unánime de 106 senadores presentes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en un solo acto el decreto que reforma la Constitución en materia de extorsión, el cual fue enviado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su posible ratificación. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al presentar el dictamen, señaló que esta modificación incluye el delito de extorsión entre las materias que deben ser reguladas por una ley general, al igual que ocurre con el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas, entre otros. El objetivo es que el Congreso de la Unión pueda emitir una legislación que estandarice criterios, elimine lagunas legales y proteja a la sociedad de forma integral, mediante un marco uniforme que fomente la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y castigar este delito bajo un modelo nacional único.
Cantón Zetina, senador de Morena, partido mayoritario en la Cámara Alta, destacó la gravedad del problema al afirmar que la extorsión afecta a todo México, en cada estado, municipio y comunidad, siendo un delito de gran impacto que no debe subestimarse. “Es un crimen en aumento, que se adapta a las nuevas tecnologías y se comete con un altísimo nivel de impunidad. Sus diversas formas y las diferencias entre legislaciones estatales han permitido que se propague como una amenaza mortal que destruye vidas, familias, hogares, negocios y comunidades, además de desincentivar la actividad económica y comercial”, lamentó.
Por su parte, Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, respaldó la reforma al artículo 73 de la Constitución, reconociendo el alarmante crecimiento de la extorsión, que impacta especialmente a la clase trabajadora y a miles de personas en su día a día. Aunque celebró la iniciativa para homologar la regulación de este delito, insistió en que cambiar la ley no es suficiente. “Se requiere una estrategia y una operación mucho más efectiva por parte del Ejecutivo federal, que sea sensible a las necesidades de la ciudadanía y garantice protección a quienes denuncien, para que no vivan con miedo”, afirmó.
Karla Toledo, del PRI, también anunció el apoyo de su grupo parlamentario al cambio constitucional, argumentando que “México no puede soportar más el cáncer de la extorsión”. Sin embargo, criticó la inacción y la ineptitud del gobierno de Morena, que, según ella, ha permitido que este delito alcance niveles históricos. “Millones de mexicanos viven con temor, desde la dueña de la tienda de la esquina hasta pequeños comerciantes, agricultores e incluso presidentes municipales en regiones remotas, todos enfrentan las amenazas del crimen organizado que les cobra por trabajar, vivir o gobernar”, denunció. Toledo advirtió que no basta con modificar un artículo de la Constitución; se necesita una ley general sólida, con presupuesto y coordinación, ya que, de lo contrario, esta reforma podría fracasar. Citó datos alarmantes: el 97% de las víctimas no denuncia, en 2025 la extorsión aumentó más del 7%, y uno de cada cuatro negocios en México ha sido afectado por este delito.
