¡A vincular esos números, que no estamos jugando! Claudia Sheinbaum Pardo salió a defender el nuevo procedimiento obligatorio que, desde el 9 de enero, exige ligar los registros de celulares a la identidad de personas físicas o morales. Todo esto, dice, como parte de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión, que ya parece deporte nacional.
En su conferencia matutina, la presidenta explicó el rollo: los usuarios se registran con su compañía telefónica, y si se comete un delito, las áreas de seguridad o justicia pueden pedirle a la empresa los datos del número involucrado. “Solo la autoridad accede a esa info, y solo si hay un crimen de por medio”, aseguró, tratando de calmar a quienes ya imaginan a Big Brother revisando sus chats de memes. Según ella, las telefónicas guardan todo, pero el gobierno no anda fisgoneando por gusto.
Eso sí, los primeros días de esta medida han sido un caos más grande que un grupo de WhatsApp con 50 tíos. Usuarios reportaron fallas técnicas, problemas de seguridad y líos logísticos en los portales de las compañías. Ante las quejas de que esto vulnera datos personales, Sheinbaum se lavó las manos más rápido que un político en campaña: “Cualquier falla de seguridad es culpa de las telefónicas, no nuestra”. Insistió en que proteger la información es tarea de las empresas, no del gobierno.
La idea suena bien en papel: atrapar extorsionadores rastreando sus números. Pero con portales que fallan más que un chiste malo, ¿funcionará o será otro dolor de cabeza digital? Esto pinta más enredado que un cable de audífonos en el bolso.
