Este jueves, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha generado la primera disputa con el renovado Poder Judicial debido a los presupuestos para el año entrante. Con los jueces recién elegidos en las urnas durante las elecciones judiciales, se esperaba el comienzo de una etapa en esa rama del poder con un enfoque hacia mayor austeridad en la gestión de fondos. Sin embargo, la propuesta de gastos fue preparada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saliente, bajo la presidencia de Norma Piña, y los nuevos ministros la enviaron al Gobierno sin modificaciones, incorporando un incremento de recursos que Sheinbaum ya rechazó.
La mandataria ha expresado críticas a esas cifras durante su conferencia matutina y ha anunciado que pedirá al Legislativo —donde predomina el oficialismo— una reducción de 15.000 millones de pesos sobre los casi 86.000 millones solicitados, lo que anularía en esencia el aumento buscado por la Suprema Corte. El tribunal superior del país tiene la responsabilidad de formular su propuesta presupuestaria en virtud de su autonomía, y esta debe integrarse por la Secretaría de Hacienda al presupuesto federal de egresos, que luego se remite al Legislativo.
“Los anteriores ministros enviaron hace dos meses su presupuesto y ahí viene un incremento bastante alto al presupuesto del Poder Judicial: son 15.000 millones de pesos adicionales. Los nuevos ministros no corrigieron ese presupuesto”, ha indicado Sheinbaum, restando importancia a la propuesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte y reconociendo que ellos se bajaron el sueldo. “Probablemente”, ha agregado, no dispusieron de tiempo para alterar lo dejado por las autoridades previas.
La cuestión de la austeridad y la distribución presupuestaria al Poder Judicial han representado puntos de conflicto y un elemento central en el discurso con el que la presidenta y el partido en el poder impulsaron la reforma judicial heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, justo al final de su mandato. Esa modificación afectó profundamente al órgano encargado de administrar justicia. Los salarios, las prestaciones, los fideicomisos y los gastos de los magistrados fueron criticados abiertamente por este Gobierno y el anterior, sirviendo como argumento para justificar las enmiendas constitucionales y la implementación de la elección popular de los juzgadores.
Este lunes, la Secretaría de Hacienda presentó su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, que abarca la propuesta de la rama judicial por 85.960 millones de pesos, es decir, con un aumento de 14.977 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. Con la solicitud de Sheinbaum de eliminar este incremento, la separación de poderes y la independencia del Poder Legislativo quedan en entredicho. Además, la mandataria ha pedido a la Cámara de Diputados que los recursos reasignados se dirijan a universidades, al Instituto Nacional de Antropología y a infraestructura. “Como los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad. Que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15.000 millones de pesos que se reorienten donde hay mayor necesidad”, ha concluido la mandataria.