La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comunicó que este día remite al Congreso de la Unión propuestas legislativas que restituyen al agua su carácter de recurso nacional y derecho humano.
Señaló que en el periodo neoliberal de 1988-1994, la Ley de Aguas Nacionales fue modificada para permitir la transferencia de concesiones entre privados, lo que derivó en un manejo desordenado y un uso excesivo del recurso.
“Con la iniciativa que enviamos hoy, esto termina; se pone orden en el uso del agua en el país. El agua es un bien escaso en muchas regiones.”
Explicó que, bajo la nueva legislación, no se permitirá vender ni transferir concesiones en caso de cambio de uso; estas deberán retornarse a Conagua, que emitirá un nuevo título.
“De esta forma, el agua deja de ser tratada como mercancía y recupera su condición de recurso de la nación; puede ser concesionada, pero de manera regulada, eficiente y garantizando este derecho humano.”
La presidenta destacó que esta medida es fruto del acuerdo alcanzado en diversos foros en los que participaron representantes de industrias, distritos de riego, instituciones académicas, municipios y gobiernos estatales.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, indicó que los foros para reformar el régimen del agua en el país se realizaron durante febrero y marzo en las 13 regiones hídricas.
“Proteger este derecho significa oponerse al extractivismo, el despojo y el cambio climático. Con estos principios éticos, ambientales y humanistas, en el segundo piso de la Cuarta Transformación se busca revertir la perspectiva privatizadora del agua y establecer un marco legal que asegure su uso sostenible y equitativo.”
Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que la presidenta Sheinbaum firmó la propuesta para la expedición de la Ley General de Aguas, que reglamenta el artículo cuarto constitucional y establece las bases para garantizar el derecho humano al agua.
Esta legislación delimita las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios.
Además, se incluye una propuesta de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que reglamenta el artículo 27 de la Constitución, con el propósito de reforzar la rectoría del Estado mexicano y dotar de más herramientas a la autoridad nacional del agua.
Subrayó que con estas modificaciones se eliminará la posibilidad de transferir concesiones entre particulares. Las prórrogas serán sometidas a evaluación por Conagua, que verificará si el solicitante está al corriente en sus pagos, si utiliza el agua para los fines autorizados y si dispone de medidores.
Se suprimen los cambios de uso; en caso necesario, la concesión deberá devolverse a la autoridad y solicitarse nuevamente para un propósito diferente. También se establece un Registro Nacional del Agua que ayudará a combatir la corrupción y proporcionará trazabilidad a las concesiones.
Destacó que se garantiza certeza jurídica a los usuarios, es decir, quienes posean un título de concesión tienen sus derechos protegidos.
Asimismo, se fortalece el mecanismo para imponer más sanciones y multas que desalienten prácticas irregulares.
