La elección de jueces mediante votación popular marcó apenas el inicio de una transformación profunda en el sistema de Justicia de México. En medio de las celebraciones por el Día de la Independencia, la presidenta, Claudia Sheinbaum, remitió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, un mecanismo que durante décadas ha sido visto como un escudo para los ciudadanos ante los excesos del poder público. Este proyecto, sin embargo, introduce restricciones significativas a las suspensiones provisionales que suelen beneficiar al sector privado y a empresas, al tiempo que complica la posibilidad de que los jueces detengan bloqueos de cuentas impuestos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ejecutivo. Asimismo, elimina las suspensiones contra detenciones por prisión preventiva oficiosa.
La propuesta ha desatado controversias entre juristas y ha provocado reacciones adversas de la oposición, posicionándose como uno de los asuntos prioritarios en la agenda legislativa. El juicio de amparo, el recurso más utilizado en el país para cuestionar actos de autoridad que violen derechos humanos, es el eje de esta reforma. Sheinbaum argumenta que los cambios buscan fortalecer las resoluciones judiciales y evitar que sean debilitadas por recursos interminables. Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló: “En México, aunque la Corte emita una resolución, puede haber un amparo contra su ejecución. Eso no ocurre prácticamente en ningún otro país”. Además, destacó la necesidad de una justicia más ágil, sin abusos de esta herramienta legal, afirmando: “Lo más importante es que la justicia pueda ser expedita, que no lleve tanto tiempo y que no se abuse de esta figura”.
El proyecto ha abierto un nuevo flanco de tensiones con la oposición y con expertos que critican a la Administración, alertando sobre una posible restricción al acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables. Javier Laynez, exjuez constitucional hasta el mes pasado, expresó en redes sociales su inquietud: “Una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación”. Otros especialistas, como Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comparten esta cautela y advierten: “Sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”.
Entre los aspectos técnicos de la iniciativa, que generan debate por su posible interpretación, se encuentra la redefinición del interés legítimo. Según el texto, solo quienes demuestren un “interés legítimo” podrán presentar demandas de amparo, lo que limita acciones colectivas. Por ejemplo, organizaciones ambientalistas no podrían impugnar proyectos como el Tren Maya bajo este criterio. La propuesta especifica: “La norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”. Martín Reyes señala que esto representa un retroceso a reformas de 2011, ya que la Constitución permite amparos por intereses individuales o colectivos cuando se violen derechos humanos.
Otro punto controversial es la limitación de suspensiones, que podrán ser negadas si afectan el interés social o el orden público. El Ejecutivo argumenta que suspender actos como el congelamiento de cuentas relacionadas con delitos facilita actividades como el lavado de dinero. Además, la reforma plantea que las autoridades demandadas puedan alegar imposibilidad jurídica o material para cumplir sentencias sin enfrentar consecuencias legales, y las sanciones por incumplimiento recaerían en las dependencias, no en los funcionarios.
Cambios previos al amparo ya han sido aprobados por el Congreso, dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como la prohibición de amparos contra reformas constitucionales y la eliminación de efectos generales en sentencias de amparo, medida ratificada en esta iniciativa. La oposición y académicos ven en estos ajustes un retroceso. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, ha declarado: “Es parte de la consolidación del régimen de corte autoritario. Quieren acabar con uno de los pocos recursos que tenían los ciudadanos para defenderse de las autoridades”.
Sheinbaum defiende su propuesta y solicita un análisis exhaustivo en el Congreso. Este jueves, afirmó: “Que la gente sepa que está resguardado su derecho frente a un acto de impunidad, pero es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución del máximo tribunal”. Por su parte, el senador oficialista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el debate será transparente. La reforma enfrentará un proceso legislativo prolongado, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, con una posible votación en el próximo periodo de sesiones, que comienza el 1 de febrero. Ante las críticas, la presidenta ha convocado a Ernestina Godoy, consejera jurídica, y a Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y asesor de presidencia, para abordar el tema en su conferencia matutina de este viernes.
