En su conferencia mañanera del 24 de marzo, Claudia Sheinbaum enfrentó el drama de la cancelación del registro como donatarias a cientos de organizaciones civiles con la calma de quien ve una telenovela repetida. ¿La culpa? No es de Palacio Nacional, sino del SAT, que al parecer actúa como un adolescente rebelde que no pide permiso para nada.
La presidenta juró que ni siquiera sabía cuántas eran, soltando un “creo que son 300 o algo así”, como si estuviera adivinando ingredientes de una receta. Según ella, el SAT no le consulta cada paso, y no es que ella pueda meterse a jugar al sheriff fiscal. Comparó el asunto con ordenar detenciones: no puede mandar a encerrar a alguien sin trámite judicial, ni tampoco decidir quién paga o no impuestos por donaciones. Todo es “técnico”, dice, con la seriedad de un contador en lunes por la mañana.
El criterio del SAT es claro como el agua de charco: si recibes dinero del extranjero, adiós al privilegio de donataria. Sheinbaum lo dejó caer sin rodeos, recordando que esta regla no es un invento suyo ni de la 4T, sino un clásico de administraciones pasadas. Y luego vino el gancho al hígado al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con un “¿Mexicanos contra la corrupción o por la corrupción?” que sonó como un remate de stand-up.
Al final, Sheinbaum se desmarcó del lío con la elegancia de un malabarista. ¿Intervenir? Ni pensarlo. Que el SAT siga siendo el villano de esta historia mientras ella observa desde la grada con palomitas. ¿Autonomía institucional o simple pase de pelota? Ustedes decidan, pero este show fiscal promete más episodios.
