En un giro que parece sacado de una telenovela corporativa, algunos de los mayores comerciantes de soja del mundo están listos para tirar por la borda la Moratoria de la Soja Amazónica, un pacto que ha protegido millones de hectáreas de selva tropical durante casi 20 años. ¿La razón? Proteger jugosos incentivos fiscales en Mato Grosso, el estado agrícola estrella de Brasil.
Resulta que, a partir de enero, Mato Grosso retirará los descuentos fiscales a quienes sigan en este programa de conservación. Este estado, que produjo 51 millones de toneladas de soja en 2025 (más que Argentina), parece decirle a las empresas: “O la selva o el dinero, ustedes eligen”. Gigantes como ADM, Bunge, Cargill, la china Cofco y la brasileña Amaggi, todos con instalaciones en la región, han disfrutado de beneficios fiscales por unos 840 millones de dólares entre 2019 y 2024. ADM y Bunge, en particular, se llevaron la tajada más grande, con unos 269 millones de dólares cada uno, según Sergio Ricardo, jefe del tribunal de auditoría estatal.
Fuentes anónimas aseguran que la mayoría de estas compañías optarán por el vil metal y abandonarán el acuerdo firmado en 2006 con el Gobierno federal y grupos conservacionistas. Este pacto prohibía comprar soja de tierras deforestadas después de 2008, salvando un pedazo de Amazonia del tamaño de Irlanda. Sin embargo, una ley estatal de 2023 pone en jaque este esfuerzo, uniéndose a la tendencia global de dar la espalda a políticas contra el cambio climático.
Mientras las temperaturas suben más rápido que el precio de la gasolina, la selva amazónica podría convertirse en el próximo campo de soja. ¿Progreso o desastre? Esto huele a decisión más verde que el dinero, pero en el sentido equivocado.
