Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, ubicado en San Francisco, denegó la petición del Gobierno del presidente Donald Trump para revocar la disposición de un juez que determinó que se había anulado de manera ilegal las salvaguardas temporales contra la deportación otorgadas a 600,000 venezolanos residentes en Estados Unidos.
La resolución se emitió a última hora del miércoles, y en ella se rechazó la suspensión del veredicto del 5 de septiembre, el cual establecía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no poseía la facultad para concluir el programa denominado Estatus de Protección Temporal. «Anular y poner fin al TPS de Venezuela ha sumido en la incertidumbre el futuro de estos ciudadanos venezolanos y los expuso a un riesgo sustancial de expulsión injusta, separación de sus familias y pérdida de empleo», manifestó el tribunal.
El grupo, compuesto por tres jueces designados por presidentes demócratas, indicó que el Congreso no previó un desenlace de esa naturaleza y declinó pausar el dictamen del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, en tanto el Gobierno procedía con una apelación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado que, de negarse la suspensión, podría elevar el asunto a la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual en mayo detuvo una orden judicial previa de Chen y facilitó que la administración terminara la protección temporal para unos 348,000 de los venezolanos involucrados.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró en un comunicado que el veredicto del 9º Circuito «es nada menos que un desafío abierto contra la Corte Suprema de Estados Unidos». El Gobierno había argumentado que la decisión de la Corte Suprema de mayo implicaba que la reciente resolución de Chen debía suspenderse de forma análoga. «Afortunadamente para nosotros, y para todos los estadounidenses, el Noveno Circuito no es la última instancia», expresó McLaughlin.
El TPS se ofrece a individuos cuyo país natal ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro suceso extraordinario. Otorga a los inmigrantes que califican permiso de trabajo y amparo temporal contra la deportación. El programa se instituyó en 1991 y se extendió durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden para abarcar a unos 600,000 venezolanos y 521,000 haitianos.
Noem anuló las extensiones en febrero, argumentando que ya no se justificaban. El dictamen del miércoles surgió en el contexto de una demanda interpuesta por varios inmigrantes cubiertos por el TPS y la Alianza Nacional del TPS, un grupo de defensa, que cuestionó la acción de Noem.
