En un giro más dramático que una telenovela de frontera, el gobierno de Donald Trump le dio a la profesora Nayda Álvarez, de 54 años, cinco días para decidir si un muro atraviesa su jardín en La Rosita, Texas, cerca del río Grande. Si no firma, adiós casa: expropiación al canto.
En Laredo, una ciudad de más de 250,000 habitantes, mayormente hispanos, la vida ribereña con parques y senderos para trotar podría convertirse en un recuerdo. Unos 60 propietarios recibieron cartas del gobierno federal con un “hola, queremos tu tierra para proyectos fronterizos”. Antonio Rosales Jr., de 75 años, dice que le avisaron que tumbarán parte de su casa de madera. ¿Plazo? Cinco días para estampar su firma o ver cómo su hogar se convierte en escombros. Édgar Villaseñor, activista del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, denuncia una “apropiación masiva de tierras” en el sur de Texas.
Trump, que este martes dará su Discurso sobre el Estado de la Unión, sigue obsesionado con reforzar los más de 3,000 km de frontera con México. Su plan incluye muros físicos, barreras acuáticas y tecnología de detección, porque al parecer un “muro inteligente” suena menos medieval. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza insiste en que necesitan infraestructura para “control operativo”. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, presume que el primer año de Trump trajo “la frontera más segura de la historia”.
Mientras, en Eagle Pass, el parque principal fue militarizado con boyas y alambres de púas, matando el negocio de kayaks de Jessie Fuentes, de 65 años. ¿Seguridad o desastre ecológico? Para Villaseñor, el miedo a los migrantes es un cuento de Washington. Pero para Rosales Jr., el terror real es quedarse sin techo. ¿Firma o lucha? Esto parece un reality show con final trágico.
