Este lunes, el presidente Donald Trump instó a la oposición demócrata a ceder en sus posturas para prevenir un cierre administrativo del gobierno federal, justo antes de participar en una crucial reunión en la Casa Blanca con los líderes de ambas cámaras del Congreso. Si el Congreso no logra aprobar un proyecto de ley para financiar las operaciones federales antes de la medianoche del martes al miércoles, se producirá un cierre parcial del gobierno, sumiendo a Washington en una crisis política. Trump, dirigiéndose a la prensa antes del encuentro, afirmó que los demócratas «van a tener que hacer algunas cosas, porque sus ideas no son muy buenas».
Un cierre administrativo, conocido como «shutdown», significa la suspensión de operaciones no esenciales del gobierno. Esto resultaría en que cientos de miles de empleados públicos queden sin salario temporalmente y en la interrupción de numerosos beneficios sociales. Este tipo de parálisis presupuestaria es profundamente impopular en Estados Unidos, y tanto demócratas como republicanos tratan de evitarlas, aunque suelen culparse mutuamente cuando ocurren. A solo 36 horas del plazo límite, las posiciones de ambos bandos se endurecen, aumentando la probabilidad de un cierre. La Casa Blanca ha advertido que podría despedir a un gran número de funcionarios, en lugar de simplemente retener sus sueldos hasta alcanzar un acuerdo, como es habitual.
Los republicanos han planteado extender el financiamiento actual hasta finales de noviembre, dejando para ese período las discusiones de fondo. Sin embargo, los demócratas, con limitado poder y afectados por el desmantelamiento de departamentos gubernamentales bajo la administración de Trump, ven en esta situación una oportunidad para presionar. En la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una ajustada mayoría, ya se aprobó un proyecto para extender el gasto público hasta finales de noviembre. No obstante, en el Senado, se requieren al menos siete votos demócratas para alcanzar los 60 escaños necesarios para su aprobación definitiva.
Para los demócratas, esta es una ocasión poco común para intentar restaurar programas completos, especialmente en el ámbito de la sanidad pública para hogares de bajos ingresos. Sin embargo, Trump, quien en julio celebró su victoria legislativa con la aprobación ajustada de su «gran, hermosa» ley presupuestaria, insiste en no ceder terreno. Mike Johnson, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, acusa a los demócratas de buscar reinstaurar 1,5 billones de dólares en gasto sanitario, afirmando que parte de ese monto facilitaría acceso a sanidad pública para inmigrantes ilegales. Johnson mencionó en Fox News el domingo que Trump está «abierto a la discusión» y desea actuar «de buena fe» durante la reunión en la Casa Blanca.
Además de Johnson, en el encuentro con Trump participan el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, y los demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries. Este último aseguró a la prensa en el Congreso que los demócratas están dispuestos a encontrar un acuerdo que atienda «las necesidades de los estadounidenses en salud, seguridad y bienestar económico». Los demócratas creen que defender la restauración del gasto en sanidad les permitirá recuperar apoyo entre los votantes. Aunque Trump y los republicanos no cuentan con alta popularidad en las encuestas, los demócratas están en una posición aún más débil, con poco más del 30% de aprobación según diversos sondeos.
El Congreso, frecuentemente paralizado, enfrenta regularmente plazos ajustados para acordar planes de financiamiento. En marzo, bajo la amenaza de un cierre, los republicanos rechazaron negociar con los demócratas sobre recortes presupuestarios masivos y el despido de miles de empleados federales. En ese momento, 10 senadores demócratas, incluido Schumer, votaron a regañadientes a favor de una medida de emergencia republicana para evitar el cierre, decisión que generó descontento en la base del partido, que exige a sus líderes confrontar a Trump.
