¡Atención, que tu cuenta bancaria podría quedar en el congelador! La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene el poder de bloquear cuentas sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que haya indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Este fallo surge de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, que impugnó la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en marzo de 2022.
La Corte, con un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aprobó la medida por mayoría de seis votos, declarando la reforma constitucional. Sin embargo, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, advirtiendo sobre riesgos a la seguridad jurídica. Esquivel subrayó que no se debe comprometer garantías, mientras Figueroa criticó que los afectados queden sin las protecciones de un proceso penal.
La SCJN aclaró que congelar cuentas no es un castigo, sino una medida cautelar administrativa para resguardar el sistema financiero, sin implicar culpabilidad ni reemplazar investigaciones penales. La UIF, bajo Hacienda, puede actuar directamente ante operaciones sospechosas, pero los bloqueos deben ser justificados, no indefinidos ni arbitrarios.
Para evitar abusos, la Corte estableció que los afectados deben ser notificados y tienen derecho a una audiencia para defenderse con pruebas y argumentos, asegurando que la medida sea revisable. Este fallo dota al Estado de herramientas más fuertes contra actividades ilícitas en el sistema financiero, pero deja candente el debate sobre si la eficacia de estas acciones pisotea los derechos de los usuarios. ¿Seguridad o invasión? Esto está más resbaloso que un piso recién trapeado.
