Beatriz Gelós, quien lleva dos décadas enfrentando la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), espera con esperanza que este miércoles el Senado de Uruguay apruebe un proyecto de ley sobre eutanasia, poniendo fin a años de debates parlamentarios. La iniciativa, denominada «Muerte Digna» y promovida por el Frente Amplio, la coalición de izquierda en el gobierno, busca despenalizar la muerte asistida bajo condiciones específicas. Ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde agosto, y en el Senado el Frente Amplio tiene los votos necesarios para convertirlo en ley. Gelós, de 71 años, expresó a la AFP que la aprobación le brindaría una inmensa paz, destacando que se trata de una norma compasiva, humana y bien elaborada.
De concretarse, Uruguay se sumaría a un grupo selecto de países que permiten este procedimiento, como Canadá, Países Bajos y España. En América Latina, Colombia lo despenalizó en 1997 y Ecuador lo hizo el año pasado, ambos mediante decisiones judiciales. Entre los requisitos del proyecto están ser mayor de edad, ciudadano o residente, estar en plena capacidad mental y padecer una enfermedad terminal incurable o sufrimientos insoportables que deterioren gravemente la calidad de vida. Además, el paciente debe pasar por procesos previos y manifestar su voluntad por escrito.
El debate en el Senado comenzó pasado el mediodía con un tono respetuoso, con argumentos a favor y en contra, mientras decenas de personas observaban desde las gradas. Daniel Borbonet, senador oficialista, defendió el texto como sólido y con seguridad jurídica, mientras que Pedro Bordaberry, de centroderecha, lo criticó como una ley que fomenta la muerte asistida. Gelós, quien vive en silla de ruedas y con voz entrecortada desde los 52 años debido a esta enfermedad neurodegenerativa que paraliza progresivamente los músculos hasta causar la muerte, confía en que ha llegado el momento de cerrar esta discusión. A quienes se oponen, les dice que no comprenden lo que significa vivir en esas condiciones. Como abuela de dos niños y exprofesora apasionada por la lectura, anhela tener la opción de decidir cuándo poner fin a su sufrimiento.
En una situación similar, la familia de Pablo Cánepa, de 39 años, también aboga por la aprobación. Pablo, aquejado por una enfermedad rara e incurable, está casi completamente paralizado, sufre espasmos y depende de sedantes, aunque permanece lúcido. Su hermano Eduardo y su madre Mónica relataron a la AFP el tormento que vive desde hace cuatro años, describiendo su existencia como una agonía. La media sanción en Diputados les dio un alivio, y consideran que lo que Pablo tiene no es vida.
Desde las gradas, la activista Florencia Salgueiro sigue el debate con atención, destacando que la esencia de la ley radica en respetar la decisión de un adulto de acabar con su sufrimiento. Ella vivió de cerca el dolor de su padre, quien padecía ELA y deseaba asistencia para morir, pero falleció sin lograrlo. Los defensores del proyecto subrayan que su redacción ofrece garantías y refleja la tradición liberal de Uruguay, un país que ha aprobado leyes progresistas como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto. Según una encuesta de mayo de la Consultora Cifra, más del 60% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia, mientras que solo un 24% la rechaza.
El Colegio Médico, aunque no adoptó una postura oficial para respetar las diversas opiniones de sus miembros, participó en el proceso brindando asesoramiento para garantizar la seguridad de pacientes y médicos, según explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer, a la AFP. Por su parte, la Iglesia Católica expresó tristeza ante la aprobación en Diputados, y la oposición al proyecto trasciende lo religioso, con más de una decena de organizaciones criticando el texto por considerarlo deficiente y peligroso. El Colegio Médico señaló que, de aprobarse, la etapa de reglamentación será crucial para aportar mayor claridad y certeza.
