La visa H-1B, un componente clave de los programas de inmigración laboral especializada en Estados Unidos, está experimentando una de las transformaciones más relevantes de las últimas décadas. Una orden presidencial firmada en septiembre ha introducido normativas más rigurosas y costos sin precedentes, lo que podría cambiar drásticamente el acceso de profesionales extranjeros al mercado laboral estadounidense.
La visa H-1B, de carácter no inmigrante, permite a empleadores en Estados Unidos contratar a trabajadores extranjeros para ocupar puestos especializados, generalmente aquellos que exigen al menos un título de licenciatura o su equivalente. Las solicitudes son gestionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), pero debido a un límite anual de visas, se recurre a un sistema de lotería cuando se excede el cupo. Recientemente, el USCIS implementó un enfoque “centrado en el beneficiario”, permitiendo que cada trabajador se registre solo una vez para evitar manipulaciones o duplicaciones. El límite anual es de 65,000 visas nuevas por año fiscal, con 20,000 adicionales para quienes cuentan con maestrías o grados avanzados obtenidos en instituciones estadounidenses.
Entre los requisitos habituales, que pueden variar según el caso y considerando la necesidad de educación universitaria, se encuentran: una “certificación de condición laboral” (LCA) aprobada por el Departamento de Trabajo, que garantiza condiciones salariales y laborales adecuadas; que el empleador cubra las tarifas y asuma las responsabilidades del proceso; y que los beneficios del trabajador extranjero no afecten negativamente a los trabajadores estadounidenses en posiciones similares. La visa se otorga inicialmente por un periodo de hasta tres años, renovable por otros tres, con un máximo de seis años, aunque puede extenderse si se han iniciado trámites para la residencia permanente.
El 19 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó la proclamación Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers, que impone una tarifa única obligatoria de US$100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1B presentadas después de las 12:01 a.m. hora del Este (EST) del 21 de septiembre de este año. Este costo adicional aplica solo a nuevas peticiones, excluyendo renovaciones o visas H-1B ya vigentes. Según las preguntas frecuentes (FAQ) del USCIS, esta medida no afecta solicitudes previas al 21 de septiembre, ni a renovaciones, ni a quienes ya poseen una visa válida, permitiéndoles entrar y salir de Estados Unidos bajo condiciones normales.
La proclamación también introduce un mayor escrutinio en el sistema de lotería y plantea reformas futuras para priorizar a candidatos con salarios más altos o habilidades altamente especializadas. Esta tarifa, aunque única para la solicitud inicial, ha generado preocupación entre empresas tecnológicas, bufetes de inmigración y expertos, quienes advierten sobre un impacto “devastador” en la contratación de talento extranjero debido al aumento de costos. El gobierno, sin embargo, defiende esta medida como una forma de prevenir abusos en el programa y “proteger a los trabajadores estadounidenses”, promoviendo una migración más selectiva basada en ingresos elevados.
No obstante, pequeñas empresas podrían optar por no patrocinar visas, lo que retrasaría proyectos técnicos y podría desviar el ecosistema de innovación hacia otros países. En respuesta, en California se están evaluando acciones legales para cuestionar la tarifa por posible arbitrariedad.
