Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco, murió en prisión dejando sin condena firme el asesinato de María José, de 17 años, y otros crímenes cometidos durante más de 12 años de impunidad institucional. La abogada Erendari Trujillo informó que la familia deberá solicitar reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mientras la FGJ mantiene abiertas investigaciones sobre más posibles víctimas vinculadas al asesino. Casandra, madre de María José y sobreviviente directa del ataque, sigue bajo tratamiento psicológico proporcionado por la fiscalía tras enfrentar al feminicida el 16 de abril de 2014 y perder a su hija.
Ese día, Casandra encontró a Miguel encima de María José desvanecida. Él la atacó con un cuchillo enterrándoselo repetidamente, pero ella luchó dejándose cortar las manos al intentar arrebatárselo. Miguel la ahorcó creyéndola muerta, pero Casandra recobró la conciencia y alertó a los vecinos señalando al agresor. Los vecinos ya habían llamado a la policía y lograron capturarlo. Casandra llegó a la ambulancia con choque hipovolémico tras perder más del 20% de su sangre, con solo 30% de probabilidades de sobrevivir, pero lo logró. Su hija no corrió la misma suerte.
La abogada Trujillo solicita reconocer el carácter de sobreviviente de Casandra en la reparación integral del daño y erigir un memorial en honor a María José. Casandra vivió siete años en el mismo edificio que Miguel sin saber que era un asesino serial operando sin que las autoridades lo relacionaran con múltiples desapariciones y muertes. Para ella, el verdadero dolor no radica en haber sobrevivido sino en que el Estado permitió que este hombre matara durante más de una década sin investigarlo pese a estar en diversas carpetas como la última persona que vio con vida a varias víctimas.
La impunidad prolongada y la negligencia institucional marcan este caso donde al menos una docena de mujeres cruzaron el camino de Miguel sin que las autoridades actuaran a tiempo. La FGR mantiene abiertas carpetas relacionadas con posibles víctimas no identificadas coordinando información entre fiscalías para casos catalogados incorrectamente como accidentes o muertes naturales.
