En enero de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó en silencio la forma en que México clasifica los delitos contra la libertad personal. La categoría que durante una década funcionó como válvula de escape para fiscalías estatales fue reorganizada en nuevos rubros. El efecto inmediato: el secuestro pasó de representar 3.97% del total de estos delitos en 2025 al 1.39% en 2026. No hubo menos secuestros. Hubo nueva contabilidad. Eso documenta Causa en Común en su análisis «Cuentas y cuentos en torno a los secuestros» publicado el 12 de abril. Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización, explicó a Infobae México el mecanismo detrás de las cifras manipuladas.
El problema tiene raíces de una década. Entre 2015 y 2025, fiscalías estatales y SESNSP utilizaron el rubro «otros delitos contra la libertad» para agrupar conductas desde figuras accesorias al secuestro hasta desapariciones cometidas por particulares. La definición era tan amplia que prácticamente cualquier caso de privación ilegal de libertad podía entrar ahí. El resultado fue distorsión sostenida: si en 2015 esa categoría registraba diez veces más víctimas que secuestros oficiales, para 2022 la proporción había escalado a más de 40 veces manteniéndose ahí. «Estas categorías están siendo utilizadas por fiscalías como cajas negras para diluir cifras de delitos de alto impacto», señaló Escobar Ayala.
El caso más llamativo es Quintana Roo: en 2025 reportó cero secuestros pero registró más de 1,500 víctimas en la categoría paralela. Si ambos rubros midieran fenómenos distintos, esa brecha sería inexplicable. El cambio de enero desagregó «otros delitos» en nuevas categorías: privación ilegal de libertad, retención o sustracción de menores y un remanente llamado «otros». SESNSP lo presentó como mejora técnica. Los primeros datos cuentan otra historia: primer bimestre 2026 registró 84 víctimas de secuestro. En categorías paralelas: 1,580 de privación ilegal, 2,882 de retención de menores y 1,498 de otros delitos. En conjunto, 71 veces el número de secuestros registrados.
Escobar Ayala apuntó algo más allá de tecnicismos estadísticos: desde conferencias de prensa, el gobierno federal construye narrativa sostenida de que delitos de alto impacto van a la baja mientras datos independientes cuentan otra historia. «En conversaciones privadas, el propio gobierno reconoce estas deficiencias. Reconocen las malas prácticas de fiscalías y bajas capacidades. Pero eso nunca se dice en conferencias», afirmó el investigador. Para víctimas cuyo caso quedó archivado bajo categoría distinta, el daño es doble: no solo enfrentan impunidad sino que estadísticamente dejan de existir como víctimas del delito que sufrieron. Escobar Ayala plantea demanda concreta: que gobierno explique con transparencia el proceso mediante el cual recolecta y clasifica datos porque la transparencia estadística no es asunto de especialistas sino derecho ciudadano.
