Ana Luisa Sánchez Cruz, de 27 años, perdió ambas manos cuando su expareja Pablo Ruiz Córdova la atacó con machete en su casa de la colonia Los Manguitos, Cintalapa, Chiapas. El agresor, que ya tenía orden de restricción por denuncias previas de violencia, encerró a Ana Luisa en un cuarto y la mutiló frente a sus tres hijos de 10, 8 y 6 años. Uno de los niños logró pedir ayuda a un familiar, permitiendo que trasladaran a su madre en mototaxi y luego ambulancia al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, donde permanece en coma inducido y estado crítico. Mientras tanto, Pablo huyó hacia zona de vegetación y río, posiblemente con ayuda de familiares, porque escapar de la justicia en Chiapas parece más fácil que conseguir señal de internet.
La Fiscalía de Chiapas emitió orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa y ofrece recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a su captura. Los carteles oficiales describen al agresor como «sujeto peligroso» de 25 a 35 años, complexión media a robusta, tez morena, cabello negro corto, cejas pobladas, bigote y barba ligera, posible uso de gorra. La ficha advierte: «PELIGROSO: NO INTENTAR DETENERLO. Puede estar armado». Ha habido reportes de avistamientos, pero hasta ahora sigue libre como si tuviera pase VIP para evadir autoridades.
El ataque desató marchas en Cintalapa bajo la consigna «Si tocan a una, respondemos todas». Colectivos como Colectiva 50+1 y Red de Mujeres Cintalapa denuncian que la Alerta de Violencia de Género vigente desde 2016 funciona solo en papel. La presidenta municipal Eva Elia Guzmán prometió que «el machismo violento se topará con la fuerza de la ley», aunque la fuerza de ley parece estar tomando vacaciones extendidas. La familia de Ana Luisa depende de colectas comunitarias para gastos médicos mientras las instituciones prometen acompañamiento que llega tarde y sin fondos.
Chiapas registra cifras alarmantes: 1,671 muertes violentas de mujeres entre 2016-2024, incluidos 421 feminicidios. En 2025 ya van más de 30. La Alerta de Género cumple años siendo decoración burocrática mientras casos como el de Ana Luisa y Beany (estudiante de 20 años baleada por su pareja en Tuxtla Chico) evidencian que órdenes de restricción valen menos que promesas políticas.
