Amnistía Internacional urgió al gobierno mexicano declarar crisis de desapariciones como emergencia nacional respaldando activación del Artículo 34 de Convención Internacional contra Desaparición Forzada de ONU. Con más de 133 mil personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar e impunidad del 99.6%, el mecanismo excepcional reservado para situaciones de gravedad extrema abriría diálogo directo y formal con Estado mexicano. Porque aparentemente necesitas que organismo internacional te declare en crisis para reconocer que tener población entera perdida califica como problemita nacional.
La organización cuestionó narrativa oficial atribuyendo desapariciones únicamente al crimen organizado. Amnistía documentó casos donde grupos criminales actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, y otros donde servidores públicos participan directamente. O sea, no solo narcos desaparecen gente; también tu amigable servidor público ocasionalmente colabora o mira para otro lado mientras crimen hace su trabajo. Complicidad institucional nivel normalizada.
Amnistía alertó que recientes cambios institucionales podrían debilitar acceso a justicia e información pública, justo cuando crisis demanda transparencia máxima. También señaló situación de mujeres buscadoras enfrentando amenazas, agresiones e incluso asesinatos mientras realizan labores que Estado omite. Madres, esposas, hermanas haciendo trabajo de investigación que gobierno debería ejecutar, recibiendo violencia como pago por suplir incompetencia estatal.
Información en desarrollo mientras gobierno decide si acepta recomendación internacional o continúa rechazando informes incómodos debatiendo metodología estadística.
Moraleja: 133 mil desaparecidos, impunidad casi total y mujeres buscadoras asesinadas haciendo trabajo estatal. Amnistía pide emergencia nacional; gobierno sigue discutiendo si crisis realmente califica como crisis.
